La organización agraria advierte que el proyecto “no tiene interés público” en una provincia que “no tiene industrias ni población que utilice toda la energía que se produce”
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, mostró hoy su oposición a la posible concesión de una autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública a una infraestructura eléctrica de evacuación que conecta la subestación de Luengos, en el Ayuntamiento de Santas Martas, en provincia de León, con tres parques eólicos a 60 kilómetros de distancia en la provincia de Palencia, algo que calificó de “aberrante”.
La organización recordó que la línea cruza de forma “indiscriminada” por la zona regable de Payuelos, y que ya en su día, en fase de estudio ambiental, la organización consiguió que, como mal menor, en este tramo discurriera de forma subterránea. Por este motivo, consideró que no se puede declarar de utilidad pública un proyecto que “únicamente responde al ánimo lucrativo de sus promotores” y que “no tiene interés público alguno”, al evacuar a la provincia de León una energía de la que es “excedentaria”, ya que “no tiene industrias ni población que utilice toda la energía que se produce”.
Por este motivo, Asaja afirmó que evacuar al nudo de Luengos, donde conecta con Red Eléctrica para llegar a cualquier punto del país, “responde únicamente a una cuestión de menores costes que el desvío a otros puntos de acceso a la red”, al tiempo que “pone de manifiesto el sinsentido de la ubicación tanto de este como de otros muchos otros parques eólicos y fotovoltaicos”.
“Se trae a nuestra provincia una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que no genera riqueza ni empleo local, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, advirtió la organización agraria.
Asaja aludió también a una información del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 24 de julio, en la que se identifican 276 parcelas agrícolas de la provincia de León resultantes de procesos de concentración parcelaria, la mayoría de ellas tierras de regadío en las que se ha acometido la modernización, sobre las que pesan servidumbres de paso, de apoyo o de ocupación temporal.
Una información en la que, según señalaron, no se establece el tiempo de la ocupación temporal, ni el importe económico que se ofrece a los afectados, ni la compensación a los agricultores en su condición de arrendatarios de tierras, por lo que ya avanzó que presentará alegaciones al proyecto.
