La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia aprobó hoy por unanimidad reclamar al Ayuntamiento de Palencia 272.143 euros, más los intereses legales correspondientes, por los perjuicios derivados del incumplimiento del compromiso adquirido en 1981 para ceder a la institución provincial el uso del terreno sobre el que se construyó el parque provincial de bomberos.
La propuesta de reclamación, que ya pasó por la Comisión Informativa de Hacienda el pasado 17 de agosto, permite iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Consistorio palentino, después de que la vía judicial determinara que actualmente ya no es posible constituir el derecho de superficie previsto inicialmente.
La Diputación reclama 272.143 euros al Ayuntamiento de Palencia por el Parque de Bomberos
El origen del asunto se remonta a 1981, cuando la Diputación acordó financiar con cargo a su presupuesto la construcción de un parque de bomberos en la ciudad de Palencia con el objetivo de disponer de unas instalaciones para prestar el servicio provincial de prevención y extinción de incendios y que, al mismo tiempo, pudieran ser utilizadas por el Ayuntamiento para su servicio municipal.
Como condición para financiar la construcción, la institución provincial exigió la cesión del terreno. Así, el Pleno del Ayuntamiento de Palencia acordó por unanimidad, el 6 de octubre de 1981, constituir a favor de la Diputación un derecho de superficie durante 75 años sobre una parcela municipal del Polígono Nuestra Señora de los Ángeles.
Sin embargo, el acuerdo nunca llegó a formalizarse ni a inscribirse registralmente. La Diputación realizó sucesivos requerimientos para reclamar su cumplimiento en 1984, 1987, 1988, 2017 y 2021. Además, el compromiso municipal fue reconocido posteriormente en convenios suscritos por ambas administraciones en 1989 y 2002.
Ante la falta de cumplimiento, la Diputación volvió a reclamar formalmente al Ayuntamiento en marzo de 2024 y posteriormente acudió a los tribunales. La sentencia 200/2026, de 23 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó que actualmente ya no es posible constituir el derecho de superficie acordado en 1981 debido a la naturaleza jurídica del terreno, afectado al servicio público.
La sentencia, que fue declarada firme en mayo de 2026, contempla asimismo la posible responsabilidad del Ayuntamiento por el incumplimiento y la existencia de un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación.
A partir de este pronunciamiento judicial, la institución provincial considera que el perjuicio ocasionado por el incumplimiento es efectivo, real y económicamente evaluable, al resultar ya imposible obtener el derecho de superficie acordado hace 45 años. Por ello, fija en 272.143 euros la cantidad cuya restitución reclama al Ayuntamiento, además de los intereses legales que correspondan.
