El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, trasladó al Gobierno que la Junta se opondrá e impugnará judicialmente “todos y cada uno” de los expedientes individuales de los menores no acompañados de Ceuta que no finalicen con su retorno a Marruecos, al considerar que esta resolución es, según su posición, “la opción compatible con la justicia y el interés superior del menor”.
En el caso de los menores marroquíes, el vicepresidente primero alude al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a instituciones de tutela del país de origen. La Junta considera que este marco debe ser tenido en cuenta antes de cualquier traslado a otras comunidades autónomas.
Pollán traslada esta advertencia a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en una carta que también han remitido con la misma posición, sus homólogos en Extremadura y Aragón, en la que comunica además a la ministra que Castilla y León no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto, como recoge Ical.
La Comunidad anticipa su rechazo al acuerdo de distribución territorial de los 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención a menores migrantes no acompañados en Ceuta y pide que conste en acta su voto negativo a cualquier propuesta de reparto de estos menores a otros territorios, informa Ical.
Castilla y León reclama en la misiva al Gobierno que concluya “a la mayor brevedad” los expedientes individualizados y determine en cada caso si procede la reunificación familiar o el retorno a Marruecos mediante la entrega a una institución tutelar competente.
La carta incluye una petición para que el Ministerio remita a Castilla y León la situación administrativa individual y el expediente completo de cada menor cuyo traslado se pretenda, incluida la documentación relativa a la localización de sus familiares, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución previa sobre el traslado.
Pollán sostiene que el reparto territorial no puede convertirse en una “fórmula matemática” que determine el destino de los menores sin atender a sus circunstancias personales. En su opinión, el interés superior del menor exige priorizar la permanencia en su familia de origen y, cuando corresponda, el retorno a su país y entorno de procedencia.
Carlos Pollán al igual que los otros vicepresidentes autonómicos de Vox, reclama al Gobierno central que impulse “con la máxima diligencia” los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, de retorno a Marruecos de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta.
Pollán sostiene que Castilla y León “no puede aceptar” el traslado de menores procedentes de Ceuta, incluidos los llegados los días 30 y 31 de julio, y argumenta que la Comunidad se encuentra en una situación de saturación. En este sentido, considera que antes de plantear cualquier distribución territorial el Estado debe completar los procedimientos individualizados previstos en la legislación.
El vicepresidente primero defiende que la reunificación familiar y el retorno al país de origen deben ser examinados como soluciones prioritarias y reclama que cada menor sea objeto de una valoración individualizada. Según defiende, trasladarlos a otras comunidades mientras se tramitan estos procedimientos “podría dificultar la localización de sus familias, retrasar los expedientes y aumentar la complejidad administrativa”.
La Junta recuerda además que, según su interpretación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, corresponde al Estado adoptar la decisión sobre la permanencia en España de estos menores. Por ello, considera que las comunidades autónomas no deberían asumir las consecuencias de una competencia estatal mientras los expedientes de retorno o reunificación no hayan concluido.
En su escrito, Pollán también reclama al Gobierno que adopte medidas para evitar nuevas agresiones sexuales contra niñas y adolescentes en Ceuta y que se identifique a los responsables de los delitos denunciados para que sean juzgados y, en su caso, condenados. Asimismo, pide que se “agilicen los procedimientos de reunificación y retorno de las menores extranjeras que fueron víctimas de agresiones sexuales”.
