Decaen la suspensión de los desahucios y la prórroga de alquileres
Servimedia / ICAL
El primer decreto de vivienda, que incluía la suspensión de los desahucios a personas vulnerables, la prórroga de dos años para los contratos de alquiler y la limitación de la compra especulativa a ‘fondos buitre’, no fue convalidado este viernes en el Congreso al votar en contra de PP, Vox, UPN y Junts.
La votación, que fue por llamamiento, terminó con 172 votos a favor y 178 votos en contra tras decidir Junts ayer por la noche su voto negativo e invitar al Gobierno a retirar los decretos aprobados el pasado martes tras las manifestaciones producidas a raíz del desahucio de Maricarmen, en Madrid, la semana pasada.
El Congreso rechaza el decreto de prórroga de los alquileres con el ‘no’ de PP, Vox, Junts y UPN
Antes de la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la palabra para pedir a los grupos que “se olviden del argumentario político” y de “las presiones de arriba” y piensen en las familias afectadas por la subida de los alquileres y los desahucios. “Su futuro depende hoy de lo que ustedes voten aquí”, advirtió. «Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», señaló.
Tampoco sirvieron de nada los llamamientos de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien, en su última intervención aseguró que “aún estamos a tiempo”, al tiempo que advirtió de que en la votación no iba a “haber victoria de ningún partido político”: “O ganamos todos o perdemos todos”.
En su primera intervención, Rodríguez defendió que resulta “muy difícil entender una sola excusa” para rechazar el decreto y pidió al PP que sea “útil por una vez”, al tiempo que apeló directamente a Junts para que permita su convalidación mediante un voto favorable o una abstención.
La ministra sostuvo que el texto es fruto de meses de negociación, recordó que “el 90 por ciento” del borrador que Junts entregó al Gobierno “está recogido hoy en el BOE” y defendió que las medidas suponen una “oportunidad de poner pie en pared a la especulación”.
Además, aseguró que el desahucio de Mari Carmen ha supuesto una “bofetada de realidad” y defendió que “una democracia avanzada” no puede permitirse “un desahucio más”. Rodríguez propuso también convalidar el real decreto y tramitarlo inmediatamente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para incorporar las “puntualizaciones o correcciones técnicas” reclamadas por algunos grupos.
A este respecto, desde el PP apuntaron que, de los 41 reales decretos-leyes sobre los que el pleno del Congreso ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, solo dos se encuentran en fase de ponencia y ninguno aprobado definitivamente, por lo que ninguno ha sido modificado respecto al texto original.
“Podemos votar hoy y estar con la gente, podemos avanzar en un texto y en un proyecto de ley en esta Cámara donde reside la soberanía de esta gente o podemos fallarles”, concluyó.
Por su parte, el portavoz socialista, Patxi López, avisó de que no iban a retirar los decretos y cargó contra quienes pretendían tumbarlos, al asegurar que el Gobierno “no está dispuesto a dar ni un solo paso atrás” en la defensa del derecho a la vivienda.
López defendió que los textos son fruto de “meses de preparación y de negociación”, también con Junts, e incorporan aportaciones de distintos grupos para facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar alquileres asequibles y frenar los desahucios. “Estos decretos funcionan”, recalcó.
PP, Vox y Junts, en contra
El vicesecretario de Vivienda del PP, Juan Bravo, confirmó el rechazo de su formación a los dos decretos y acusó al Gobierno de ser “el problema” de la vivienda tras ocho años de políticas que, a su juicio, han disparado los precios y dejado “a una generación entera en pausa”. Frente al “intervencionismo” del Ejecutivo, defendió aumentar la oferta y construir “más viviendas”.
Bravo advirtió además de que las medidas podían provocar que los propietarios exigieran “más garantías, más avales y sueldos mucho más altos” a los potenciales inquilinos, perjudicando precisamente a quienes tienen menos recursos.
En representación de Vox, Carlos Hernández Quero confirmó su rechazo al decreto al considerar que la suspensión de desahucios y las prórrogas forzosas aumentarán la “inseguridad jurídica”, reducirán la oferta y dificultarán especialmente el acceso a la vivienda de jóvenes y personas con bajos ingresos. “Si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables”, sostuvo.
Hernández Quero defendió que la respuesta a la crisis pasa por aumentar la construcción de vivienda, reducir “trabas, trámites y burocracia” e impulsar la vivienda protegida. Además, reprochó al Gobierno que el decreto no haga “ni una sola mención” a la inmigración y atribuyó a la inmigración masiva una parte del aumento de la demanda de vivienda, los altos precios y el hacinamiento.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó el voto en contra de su formación a los dos decretos al considerar que “permiten que los fondos buitre sigan comprando, especulando y se siga desahuciando”.
Además, pidió al Gobierno que retire los textos y negocie uno nuevo y entregó a la ministra de Vivienda una propuesta de decreto que, aseguró, “no es una propuesta cerrada”.
Apoyo de Sumar y los socios
Desde Sumar, Gerardo Pisarello confirmó el apoyo de su grupo a los decretos y arremetió contra PP, Vox y Junts, a quienes acusó de situarse del lado de las “derechas rentistas” y de los “buitres” frente a las personas amenazadas por los desahucios.
También por Sumar/Compromís, Alberto Ibáñez defendió el voto favorable al decreto porque, pese a llegar “tarde”, permitirá proteger frente a los desahucios y dar mayor estabilidad a los inquilinos, y advirtió a PP, Vox y Junts de que votar en contra supone situarse del lado de los “especuladores” y los “fondos buitre”.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cargó duramente contra Junts, acusando a la formación de estar “pagando una deuda” vinculada a intereses inmobiliarios. “¿Por qué? ¿A cambio de qué?”, preguntó Rufián, quien calificó su posición de “pasada de frenada histórica, legendaria” y acusó a Míriam Nogueras de ser una “mala política” y de “imitar a Ayuso”.
En el caso de EH Bildu, Oskar Matute confirmó que su formación apoyará los dos decretos, pese a considerarlos “insuficientes”, porque incluyen medidas “básicas de protección para millones de personas”, y cargó contra quienes anteponen “cálculos, agendas y visiones particulares al interés general”.
La diputada del PNV Maribel Vaquero confirmó un “sí por responsabilidad, pero un sí crítico”, con “muchas dudas”, y lamentó que no haya sido posible alcanzar un acuerdo de mínimos “por la ceguera y la intolerancia de algunos” durante la negociación, que “han empujado a máximos” y provocado que “nos vayamos a quedar en la nada”.
También confirmaron su voto a favor Compromís, Coalición Canaria, pese a las discrepancias y al considerarlo un “punto de partida”; BNG y Podemos, que respaldó la llamada a la huelga general del Sindicato de Inquilinas.
Medidas
El decreto reunía el grueso de las medidas negociadas durante los últimos meses, que incluía la protección hasta el 31 de diciembre de 2030 frente a los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional y establecía su suspensión obligatoria cuando los propietarios sean los denominados ‘fondos buitre’.
En materia de alquiler, congelaba hasta finales de 2027 las actualizaciones de los contratos cuya renta ya supere el límite máximo que les corresponda conforme al sistema estatal de índices de precios de referencia y limitaba al 2% la subida para el resto.
Asimismo, establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, puede alcanzar a cerca de 1,9 millones de contratos y beneficiar a unos cinco millones de personas.
La norma incorporaba también medidas para restringir las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados fondos buitre y modificaba la fiscalidad de las socimis con el objetivo de orientar parte de su actividad hacia la vivienda asequible.
Además, regulaba los contratos de temporada y por habitaciones para impedir que puedan utilizarse para eludir las protecciones establecidas para el alquiler residencial. A ello añade un IVA del 10% para los pisos turísticos.
El paquete contenía asimismo nuevas deducciones fiscales para los inquilinos con ingresos inferiores a aproximadamente 33.000 euros, junto a incentivos para los propietarios que reduzcan o moderen las rentas de sus viviendas.
Otra de las novedades era ‘Tu Casa’, una línea de préstamos públicos al 0% destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a hogares que disponen de ingresos suficientes para afrontar una hipoteca pero carecen de los ahorros necesarios para cubrir la entrada.
El decreto incluía igualmente medidas destinadas a ampliar el parque asequible, reforzar el modelo de Casa 47 e incorporar nuevos inmuebles al parque público. Además, reducía al 4% el IVA de la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.
