Dos años de cárcel por quedarse con dinero de su hermano fallecido y evitar que su sobrino lo cobrara

Tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de dos años de prisión a una mujer que se quedó con el dinero de su hermano fallecido para evitar que el hijo del finado lo recibiera en herencia.

La sala ha adoptado de manera íntegra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, tras considerar probado que la condenada, cotitular con su hermano de una cuenta bancaria en la que los movimientos eran exclusivamente de la esfera patrimonial de éste, realizó nada más morir tres reintegros.

Dos de los reintegros se produjeron el mismo día del fallecimiento por cuantías de 10.00 y 3.000 euros respectivamente, mientras que al día siguiente se ejecutó otro por valor de 40.000 euros.

Según la resolución, el hermano de la condenada era padre de un hijo con el que no había tenido relación alguna desde la infancia a causa de la ruptura de la relación matrimonial entre el finado y la madre.

El tribunal ha reconocido que «la existencia del hijo de su hermano era sobradamente conocida por la acusada», quien realizó los actos de disposición del dinero «con pleno conocimiento de que los fondos pertenecían en exclusiva a su hermano y con la única intención de que el hijo no percibiera cantidad alguna».

Asaja Valladolid

También en clave de tribunales, el que fuera presidente de Asaja en Valladolid hasta diciembre de 2016, Lino Rodríguez, ha negado haber falsificado un contrato en favor de la empresa Sodeprin SL, de la que fue accionista y administrador, con el fin de cobrar casi 28.000 euros a la OPA por servicios supuestamente prestados a sus socios y ha asegurado que la vinculación laboral entre ambas partes está soportada por un acuerdo de los órganos directivos de la organización agraria.

Es la versión exculpatoria que Lino Rodríguez, compartida por su esposa, Ana de la Fuente, y el exmiembro de la Junta Directiva de Asaja, Enrique Vallejo, imputados también, ha expuesto en la primera sesión del juicio que se sigue contra los tres en la Audiencia de Valladolid por delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa procesal intentado y que podría concluir en una nueva sentencia condenatoria, que sería ya la cuarta contra el primero y que sumaría pena a los quince años y medio de cárcel que, globalmente, ya arrastra el exlíder agrario.

La vista se ha iniciado pese a las cuestiones previas que, sin éxito, han sido planteadas por su letrado defensor, quien ha invocado la nulidad de actuaciones por falta de legitimidad activa de Asaja al entender que el poder otorgado al nuevo presidente de la OPA para ejercitar acciones contra Lino y compañía no se acordó en una Asamblea General, como así exigen los estatutos, al tiempo que ha solicitado la nulidad de otra serie de documentos y testificales aportados por dicha acusación particular.

Iniciada la vista con la testifical de Lino Rodríguez, que cumple condena en el penal alavés de Nanclares de Oca y durante los días del juicio inquilino en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia), el encausado ha insistido en que las distintas facturas que Sodeprin S.L–fue administrador de ella y luego su esposa–presentó en una demanda contra Asaja responden a servicios reales fiscales y laborales que la empresa prestó a socios de la organización en Medina del Campo y que fueron recogidos en contrato.

El encausado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que el contrato entre Sodeprin y Asaja fue acordado en la mañana del 7 de abril de 2015 por el Comité Ejecutivo de la OPA y ese mismo día, por la tarde, refrendando por la Junta Directiva y suscrito tanto por él en calidad de presidente, como por su esposa como administradora de la mercantil y el también acusado Enrique Vallejo en calidad de secretario suplente.

Lino Rodríguez se ha mostrado absolutamente convencido de que la vinculación contractual entre ambas partes se cerró en aquella fecha porque a ambas reuniones se llevó, con carácter principal, un acuerdo de gran importancia que consistía en dar conformidad a una deuda de 201.000 euros que reclamaba la Agencia Tributaria al sindicato.

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