La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, emitió en la tarde de hoy un comunicado defendiendo la legalidad de la nueva regulación del Toro de la Vega, después de que se conociera que el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito para que paralice de forma cautelar esta celebración en Tordesillas (Valladolid) el próximo martes, 13 de septiembre, por considerar que se trata de un “posible delito de maltrato animal”.
“La Junta de Castilla y León es respetuosa con las decisiones que corresponda adoptar a los jueces y tribunales”, afirman desde el Ejecutivo regional en un comunicado recogido por Ical.
Por otra parte, en relación a las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 , Lilith Verstrynge, subrayan que “es importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho, algo que las declaraciones de la secretaria de Estado pone en evidencia que no es así”.
