El Gobierno ha adoptado una resolución para que, a partir del 1 de octubre, el teletrabajo en la Administración General del Estado se restrinja como máximo a un día a la semana (un 20% de la jornada), frente a los tres días semanales que se habían acordado con los sindicatos para la fase de normalidad, según han denunciado este miércoles CSIF y UGT.

Esta resolución, que ambos sindicatos se han negado a suscribir, establece además la finalización del sistema de cita previa para el 31 de diciembre.

Para CSIF, la resolución que se ha tomado, que sustituye a otra que permitía hasta cuatro días de trabajo a distancia, no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial.

Este sindicato propone un modelo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días a la semana), con un criterio similar al que se acordó para la etapa de normalidad, una vez finalizada la pandemia.

«De esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático, que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado», defiende CSIF.

La resolución adoptada por Función Pública sólo introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100% de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del Covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias.

La resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza que los cursos sean por medios telemáticos; e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas.

«La Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado», subraya CSIF.

El sindicato que preside Miguel Borra insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar «sin dilación» una norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la AGE, que es el que, a su juicio, debería ser de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria.

El pasado mes de abril, el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, acordó con los sindicatos que los funcionarios de la AGE podrían teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serían de carácter presencial.

CSIF denuncia además que esta vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas «bajo mínimos».

«El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el Covid», advierte.

UGT TAMBIÉN PIDE APLICAR EL ACUERDO ALCANZADO CON ICETA

Desde UGT también se ha pedido al Ministerio Hacienda y Función Pública que aplique el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre Iceta y los sindicatos, que permitía teletrabajar tres días a la semana.

UGT ha manifestado su «desconcierto» ante la actitud de la Administración, a la que acusa de cambiar «constantemente» de criterio, «llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de la prestación de servicio».

Desde UGT también se critica que la Administración proponga el retorno completo al trabajo presencial a partir del 1 de octubre, salvo en el caso de colectivos vulnerables, y sin embargo mantenga en régimen telemático otros aspectos, como cursos y actividades formativas, pruebas selectivas, reuniones, viajes o diálogo social.

El sindicato ha señalado que, en cualquier caso, se deben adaptar los cambios referentes al concepto de vulnerabilidad en relación a la Covid-19, según ha sido modificado por normativa general.

«Si los problemas de conciliación se han ido solventando en muchos casos por la apertura de colegios y centros de atención a personas dependientes, lo que debe hacer la Administración es seguir aplicando la Resolución de 17 de junio de 2020 con las modificaciones oportunas recogidas en nuestra legislación. No es necesario llevar a cabo una nueva negociación para fijar otros criterios generales para la reincorporación progresiva tras la vacunación masiva frente al coronavirus», ha señalado Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos.

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