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CCOO y UGT informaron este lunes su decisión de convocar una jornada de huelga general para exigir garantías efectivas del derecho a la vivienda. La medida deberá ser ratificada por los órganos de dirección de ambas organizaciones sindicales. La convocatoria de huelga general responde a una reivindicación defendida desde hace meses por el Sindicato de Inquilinas, que ha intensificado la presión sobre las organizaciones sindicales tras las movilizaciones de las últimas semanas.
La iniciativa llega después de que Junts, PP y Vox rechazaran el pasado viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno para frenar desahucios y contener el precio de los alquileres.
Este revés parlamentario propició que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adentrara en un fin de semana de reflexión que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas el 29 de noviembre, en un clima marcado por una movilización de movimientos sociales para denunciar la “colonización del rentismo” del mercado de la vivienda.
“Fuerza” de la demanda
En todo caso, CCOO y UGT precisaron que esta decisión de dar una dimensión laboral al conflicto social de la vivienda deberá ser ratificada por los órganos de dirección de ambas centrales sindicales.
Con las acampadas primero en Sol y luego en otras ciudades, y después de la derogación de los reales decretos-ley de vivienda, el Sindicato de Inquilinas recrudeció la presión sobre CCOO y UGT para convocar una huelga general. Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, indicaron entonces que es una medida compleja que debería analizarse internamente.
La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”. No obstante, el Sindicato de Inquilinas presiona para que el paro se lleve a cabo antes de las elecciones generales.
“Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, apuntaron CCOO y UGT en un comunicado conjunto.
Salarios y acceso a la vivienda
Las propuestas sindicales se enmarcaban en la propuesta dirigida a CEOE para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Esta incluía incrementos salariales de entre el cuatro y el siete por ciento, cláusulas de revisión salarial y medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Además, se apoyaban en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos, que recoge un decálogo por el derecho a la vivienda. También reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
UGT y CCOO llamaron a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña, en los centros de trabajo y en la calle, y a secundar el paro convocado. “Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, concluyeron.
Mientras, el Gobierno aprobará por segunda vez dos reales decretos-ley con medidas sobre vivienda en términos similares a los derogados la semana pasada en el Parlamento.
Nuevos decretos en camino
Esto ocurrirá en el Consejo de Ministros de este martes y después se tendrán que someter a votación en el Congreso, pero ya con las Cortes Generales disueltas por la convocatoria de elecciones. En consecuencia, se someterá a votación en la Comisión Permanente, en la que Junts ya no es necesario para que el Ejecutivo pueda articular una mayoría absoluta para aprobar normas.
Por su parte, la CEOE ha manifestado en los últimos días que no ven adecuada una medida de este tipo, dado que no se trata de una cuestión meramente laboral. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, también rechazó las medidas de los dos decretos de vivienda y denunció que el Gobierno trata de resolver una crisis “invadiendo” la propiedad privada de los ciudadanos.
