Defienden que, dado que la sentencia no es firme, los trabajos continuarán con normalidad
ICALAdif ha anunciado que interpondrá un recurso contra la sentencia dictada el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, que ordena la paralización de las obras de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo en el norte de la capital palentina, así como el derribo de lo ya construido, al considerar que las actuaciones se llevaron a cabo por “vía de hecho” y vulneran la legalidad.
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Según indicaron a Ical fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif defiende que sus actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente, y sus servicios jurídicos ya se encuentran elaborando el recurso que será presentado dentro del plazo establecido. La entidad recalca que se trata de un proyecto “irrenunciable” por su relevancia para la conexión de Cantabria con la red de alta velocidad, así como por su impacto en la cohesión territorial y el desarrollo económico de la región.
Asimismo, indican que el fallo, que dio la razón a Ecologistas en Acción Palencia, no es firme, por lo que Adif continuará los trabajos con normalidad en el tramo Palencia-Palencia Norte, parte de un proyecto más amplio que incluye la modernización de la estación de Aguilar de Campoo y una inversión de 1.700 millones de euros para la línea Palencia-Santander.
Hay que recordar que en la estrategia de defensa que planteó inicialmente el administrador de infraestructuras ferroviarias a través de la Abogacía del Estado, se alegó la falta de legitimación activa de Ecologistas en Acción, la inexistencia de la supuesta vía de hecho y la extemporaneidad del recurso, al considerar que fue presentado fuera del plazo legalmente establecido.
De manera subsidiaria, en previsión de que el juez decidiera entrar en el fondo del asunto, defendió la legalidad de la actuación de ADIF-AV. En este sentido, sostuvo que el Ayuntamiento de Palencia fue informado con “información relevante y suficiente”, incluyendo los planos del Proyecto de Construcción. Añadió que, al no haberse emitido informe por parte del consistorio, este debía entenderse como favorable.
Asimismo, argumentó que, en caso de que existiera algún defecto formal en la comunicación, este no conllevaría una nulidad de pleno derecho. También defendió que el Proyecto Constructivo se ajusta a los Estudios Informativos aprobados en 2010 y 2018, y cuestionó la validez del informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, al considerar que sus autores carecían de la titulación adecuada.
