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El Congreso convalidó este jueves el real decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con 175 votos a favor; 33 en contra, de Vox; y 141 abstenciones, de PP y Podemos. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó ante los diputados “un paquete de medidas completo” y “el más ambicioso aprobado hasta la fecha en la Unión Europea”, diseñado para proteger a los ciudadanos y a las empresas, y para preparar al país ante futuras crisis, con una apuesta por la soberanía energética.
“Es un Plan integral, plenamente coherente con la línea que hemos seguido desde el Gobierno de manera sistemática en los últimos años”, defendió el ministro, que agregó que este paquete “es receta y marca España”.
Cuerpo pidió a los grupos parlamentarios su apoyo para estas medidas, pensadas para “proporcionar alivio” ante un contexto como el actual. Además, les recordó que este paquete cuenta con la experiencia adquirida durante las crisis anteriores y se ha enriquecido “con las propuestas y aportaciones de agentes sociales, sectores afectados y también de los grupos parlamentarios”.
El ministro subió a la tribuna consciente de que el Gobierno ya tenía atados los apoyos suficientes para asegurarse la convalidación. El Ejecutivo contaba con los votos de Junts, después de comprometerse con los independentistas catalanes a trasponer la directiva europea con la que se elimina el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
El diputado de Junts Josep Maria Doménech reafirmó su sí durante la fijación de posiciones. “Su columna vertebral son las propuestas de Junts (…). Lo aprobaremos porque la gente tiene que saber que hay una alternativa para la nefasta gestión del Gobierno y sus socios”, expuso.
Además, durante la mañana, el PP había anunciado su abstención en la votación, y se ofreció a votar a favor si el Ejecutivo deflactaba el IRPF. El diputado Juan Bravo acusó al Gobierno de haber copiado las medidas que presentó su grupo.
Bravo calificó de “insuficiente” el texto final del Gobierno y apuntó que “más que un decreto de ayudas a las familias es un decreto de reforma energética”.
El diputado del PP aludió a esa deflactación del IRPF durante su turno de palabra y recalcó que eso es lo que importa a los españoles. “Comprométase aquí y ahora a que van a rebajar el IRPF. Si se compromete, tiene el voto favorable del PP. Esperamos su respuesta y piense en los españoles”, propuso Bravo.
El PSOE contó con el apoyo de Sumar, a pesar del encontronazo que tuvieron en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes a causa de las medidas sobre vivienda, que irán en un decreto aparte. La diputada Aina Vidal reprochó al PSOE que saque pecho de las medidas de las que tira Sumar, si bien expresó su orgullo por que “asuman y defiendan” medidas con importante impacto en la sociedad, como el salario mínimo interprofesional (SMI) o la reforma laboral.
Sin embargo, Vidal advirtió de que este paquete “no se puede llamar escudo social si no contempla medidas de viviendas”. Asimismo, criticó los “comportamientos abusivos” por parte de algunas empresas que puede acarrear el decreto.
El único partido que se manifestó en contra del decreto fue Vox, que denunció “apenas un 10 por ciento de las medidas van dirigidas a las consecuencias de la guerra”. “No piensan en el bien de los españoles, piensan en su movida dogmática”, expuso el diputado José María Figaredo, que calificó las ayudas de “limosnas” y el decreto en general de “auténtica farsa”.
80 medidas y 5.000 millones
El Gobierno aprobó este real decreto en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado. Las medidas del decreto están en vigor desde el domingo.
El texto recoge 80 medidas, con algunas de ellas estructurales, para avanzar en la transición energética, y otras coyunturales, para aliviar el impacto del encarecimiento de los precios para los ciudadanos más vulnerables y los sectores más afectados. En total, supondrá la movilización de 5.000 millones de euros.
El Plan incluye medidas como la bajada de los impuestos de la electricidad en un 60 por ciento, gracias a la rebaja del 21 al 10 por ciento de IVA, la reducción al 0,5 por ciento del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (Ivpee).
También una reducción del 10 por ciento del IVA del gas natural, pellets y leña; la congelación del precio máximo de venta del butano y propano; la reducción de 30 céntimos por litro de carburante y una ayuda de 20 céntimos por litro para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; la extensión durante todo este año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico o la prohibición del corte de suministros a hogares vulnerables.
Las medidas estructurales abarcan deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios y el impulso de las inversiones en renovables.
El Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes también aprobó otro real decreto con medidas de vivienda, a petición de Sumar, socio en el Gobierno de coalición. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó que su convalidación se apurará hasta el último día de los 30 que tiene de plazo para tratar de aunar apoyos, aunque es consciente de la negativa de PP, Vox y Junts.
