El Comité Ejecutivo de Vamos Palencia ha solicitado de nuevo a Domiciano Curiel, a través de un comunicado, que devuelva sus actas como concejal en el Ayuntamiento de la capital y como diputado provincial, después de que la reciente sentencia judicial haya avalado su expulsión del partido.
La Justicia avala la expulsión de Domiciano Curiel de ¡Vamos Palencia!
La formación ha hecho pública su valoración tras conocer la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Palencia, que confirma la validez del procedimiento disciplinario llevado a cabo. Según recoge el comunicado, el fallo judicial certifica que el expediente se tramitó “con todas las garantías, incluso con un plus de garantías adicionales”, y da por probadas las conductas que motivaron la decisión adoptada por los órganos del partido.
Desde Vamos Palencia muestran su “satisfacción” por el pronunciamiento judicial, comentando que éste respalda tanto el fondo como la forma del proceso seguido. En este sentido, sostienen que la sentencia despeja cualquier duda sobre la actuación de la organización, que, según subrayan, se llevó a cabo con “limpieza, transparencia y rigor”, sin excepciones en función del cargo o la posición interna.
El partido insiste en que la política debe ejercerse desde el respeto institucional y personal. Por ello, considera que «no deberían formar parte de las instituciones públicas representantes que hayan incurrido en comportamientos que supongan vejaciones hacia compañeros, afiliados o trabajadores arrogándose una posición de superioridad».
En esta línea, el Comité Ejecutivo apela a la “dignidad”, al “respeto a las instituciones” y a la “coherencia política” de Curiel (ya que concurrió a las elecciones con el proyecto político de Vamos Palencia), para reclamar la entrega inmediata de las actas en Ayuntamiento y en la Diputación. En su opinión, la permanencia en los cargos públicos “solo contribuiría a deteriorar la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos”.
La formación concluye defendiendo que la preservación de la dignidad institucional y el respeto a las personas deben situarse “por encima de cualquier interés personal”.
