Todo comenzó con una denuncia presentada en un puesto de la Guardia Civil de Palencia por una persona que había perdido cerca de 278.000 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. Esta denuncia permitió iniciar una investigación que ha terminado destapando una red internacional dedicada a las estafas mediante falsas inversiones y al blanqueo de capitales.
La operación JECAY, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Palencia, ha permitido identificar a seis personas investigadas, sobre las que pesan órdenes internacionales de busca, captura y detención, y esclarecer 11 delitos de estafa, además de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia e integración en organización criminal transnacional.
La investigación comenzó en 2025 a raíz de la denuncia de esta víctima, que había respondido a anuncios de televisión y otros reclamos publicitarios en los que se ofrecían elevadas rentabilidades mediante supuestas inversiones en criptomonedas. La trama utilizaba campañas en internet y televisión para captar a sus víctimas y posteriormente recurría a técnicas de ingeniería social (es decir, de manipulación psicológica) para ganarse su confianza.
El engaño comenzaba con el contacto de las víctimas con falsos asesores que se presentaban como especialistas en inversiones. La relación se prolongaba durante un tiempo hasta generar confianza en la víctima. A través de aplicaciones ficticias, los afectados podían comprobar cómo, aparentemente, el dinero invertido aumentaba y cómo evolucionaba de forma positiva su cartera.
Sin embargo, detrás de esas cifras no había ninguna inversión real. La plataforma era ficticia, no existían los supuestos asesores y tampoco había una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los beneficios que aparecían en las aplicaciones eran únicamente números en pantalla.
Las propias víctimas abrían las cuentas de criptomonedas
Uno de los elementos que dificultaba seguir el rastro del dinero, y que la Comandancia destaca como clave en este delito, era que las víctimas eran quienes abrían las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas a su propio nombre. Los afectados transferían directamente el dinero desde sus cuentas bancarias a esas cuentas de criptoactivos, de manera que la organización no aparecía inicialmente vinculada a ellas.
Una vez ganada su confianza, los falsos asesores convencían a las víctimas para instalar programas de control remoto en sus dispositivos con la excusa de ayudarles a realizar determinadas gestiones. Al instalar estas aplicaciones, los delincuentes obtenían el control de los equipos y de los fondos.
A partir de ese momento, la organización dispersaba el dinero mediante cientos de transferencias y lo mezclaba con fondos procedentes de otras víctimas. Los investigadores tuvieron que seguir diferentes movimientos entre redes y divisas hasta localizar una cuenta que actuaba como destino final de los criptoactivos.
La cuenta estaba vinculada a una empresa ficticia con sede en Hong Kong y dada de alta en Seychelles. Desde allí, los fondos se convertían posteriormente en dinero convencional y eran transferidos a una entidad bancaria de Singapur. La investigación ha implicado a ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur.
1.200 millones de dólares bajo seguimiento
La dimensión económica de la investigación se refleja en las 5.650 transferencias analizadas por los investigadores. El circuito de blanqueo estudiado superaba los 1.200 millones de dólares, mientras que 436 millones de dólares fueron canalizados desde la cuenta final de criptoactivos hacia el banco de salida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.
El momento clave de la operación llegó cuando los agentes consiguieron bloquear la cuenta de destino, que en ese momento contaba con 1,2 millones de dólares. Tras seis meses de trámites internacionales, ese dinero ha quedado a disposición del juzgado desde la semana pasada.
De esa cantidad, 278.000 euros corresponden al dinero que había sido sustraído a la víctima que originó la investigación. La Guardia Civil ha conseguido trasladar esos fondos desde Seychelles para que puedan ser restituidos tanto a esta persona como a otra víctima relacionada con la misma estafa que también reside en la provincia de Palencia.
Además, la información obtenida durante la investigación ha sido trasladada a otras unidades de la Guardia Civil, que están trabajando en la recuperación del dinero de otras nueve víctimas. Estos procedimientos se encuentran actualmente en proceso.
En este sentido, la operación ha permitido identificar a 11 víctimas en España. Dos de ellas residen en la provincia de Palencia, mientras que el resto proceden de otras provincias. Los investigadores no han facilitado más datos sobre los afectados al encontrarse el caso todavía bajo investigación.
En cuanto a las seis personas investigadas, la Guardia Civil ha señalado que tienen nacionalidades de distintos países. Entre ellas figuran ciudadanos vinculados a Reino Unido y Francia, además de personas relacionadas con Seychelles y China. Sobre todos ellos se han emitido órdenes internacionales de busca, captura y detención y el procedimiento se encuentra ya en fase judicial.
57 investigaciones abiertas por ciberdelincuencia en Palencia
La operación JECAY se enmarca en el trabajo que realizan los equipos especializados de la Comandancia de Palencia contra la ciberdelincuencia. La Unidad Orgánica de Policía Judicial cuenta con 27 profesionales, mientras que el EDITE está integrado actualmente por un cabo primero y dos guardias civiles y depende funcionalmente del Equipo Arroba, formado por otros cinco integrantes con formación específica en delincuencia relacionada con las redes.
En lo que va de año, el EDITE mantiene abiertas 25 operaciones relacionadas con ciberdelitos. Diez de ellas corresponden a falsas inversiones, seis a smishing, dos a phishing y el resto a delitos como extorsión o estafas conocidas como la del «hijo en apuros». Sumando las investigaciones del EDITE y las del Equipo Arroba, la Comandancia mantiene actualmente 57 operaciones de ciberdelincuencia activas.
Hasta la operación JECAY, la Guardia Civil había intervenido alrededor de 40.000 euros en el conjunto de investigaciones desarrolladas durante 2026. La operación contra esta red internacional eleva esa cifra de forma notable, con los 1,2 millones de dólares bloqueados y puestos a disposición judicial.
La investigación se desarrolló entre mayo de 2025 y agosto de 2026 y ha requerido el uso de herramientas forenses para seguir la trazabilidad de los fondos, además de mandamientos judiciales y mecanismos de cooperación policial y judicial internacional con autoridades y empresas de distintos países.
La Guardia Civil ha destacado también la colaboración de la magistrada y los funcionarios del Tribunal de Instancia de Palencia y de la Fiscalía Provincial para agilizar los trámites necesarios durante la investigación.
Desde la Comandancia han recordado a la ciudadanía la importancia de comprobar la legitimidad de las plataformas y supuestas inversiones antes de realizar cualquier operación y de recurrir a organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También han insistido en la necesidad de denunciar cualquier posible ciberestafa para facilitar la investigación y el seguimiento del dinero.
La operación fue presentada en una comparecencia en la que participaron el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Palencia, Luis Manuel Lombardero; y el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Pedro Luis Lorenzo. En el acto también estuvo presente el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, junto a otros responsables y agentes de la Guardia Civil.
