COAG informó de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró nula la modificación de la ordenanza municipal realizada por el Ayuntamiento de Paredes de Nava para la instalación en su término municipal de un parque solar sobre 460 hectáreas, anulando también con ello la Orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta por la que se autorizaba al Ayuntamiento a acotar los bienes comunales en los que se pretendían asentar las placas solares.
Según el fallo, remitido por la organización profesional agraria COAG a Ical, “al municipio le corresponde la gestión de los bienes vecinales pero es a los vecinos a quien le corresponde su aprovechamiento, que puede configurarse como un derecho real administrativo de goce”, lo que concuerda con la demanda presentada por la Junta Agropecuaria Local contra la modificación de la ordenanza municipal y la instalación del macroparque.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es recurrible, pero el recurso se debería ver ya en el Tribunal Supremo, y según fuentes jurídicas de COAG, “la viabilidad de que prosperara es baja al ser en casación”. Además, de recurrir, el Ayuntamiento “tendría que hacerlo con fondos municipales y muchos vecinos no están de acuerdo en que se destine a este fin el presupuesto municipal”, informó igualmente la organización profesional agraria.
La sentencia defiende que “en el trasfondo de la controversia planteada se encuentra el cuestionamiento del modelo de vida de los pueblos que han vivido de la agricultura disfrutando de estos bienes comunales”. Y, en este sentido, está de acuerdo con la Junta Agropecuaria Local demandante, y con las organizaciones agrarias de Castilla y León.
Precisamente COAG, junto con Asaja y UPA, presentaron el pasado 27 de abril un documento a todas las administraciones competentes para denunciar los “intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma”, para la instalación de estos parques fotovoltaicos, por lo que pidieron que “prevalezca la soberanía alimentaria” y estas instalaciones no se puedan ubicar en superficies agrarias o ganaderas, informa ICAL.
COAG, firmante del aludido documento, reprocha además que muchos ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, estén colocando una “alfombra roja” a estas firmas para que se implanten en sus municipios, afectando a la “subsistencia y permanencia en el territorio” de sus habitantes, como aduce el propio Tribunal Superior de Justicia.
