Hay debates incómodos que conviene afrontar con sensatez. No para señalar, sino para preguntarnos qué sociedad estamos construyendo.
Hablando con empresarios, autónomos y responsables de pequeñas empresas de servicios, se repite una preocupación que ya no parece aislada. Cada vez cuesta más encontrar personal. Y no hablamos solo de perfiles cualificados. Hablamos de puestos necesarios, dignos y reales. Empleos que permiten que una empresa funcione y que una economía local siga en pie.
Algo se rompe cuando hay trabajo por hacer y, al mismo tiempo, faltan personas dispuestas a hacerlo.
Sería injusto reducir el problema a una sola causa. Hay salarios que deben mejorar, horarios que conviene revisar, empresas que tienen que adaptarse y trabajadores que aspiran a condiciones más humanas. Todo eso es cierto. Pero no es toda la verdad.
También deberíamos preguntarnos qué mensaje lanzamos como sociedad. Durante años hemos debilitado palabras que antes tenían un valor enorme. Esfuerzo. Disciplina. Responsabilidad. Oficio. Orgullo por el trabajo bien hecho. Valores que no pertenecen al pasado.
Una sociedad decente debe ayudar. Nadie que atraviese una dificultad real debería quedarse abandonado. Hay personas enfermas, familias golpeadas por la vida, mayores con pensiones insuficientes, jóvenes sin oportunidades reales y ciudadanos que necesitan una mano. A todos ellos hay que protegerlos. Sin discursos crueles.
Pero ayudar no puede significar desincentivar. Cuando una ayuda pública se convierte en alternativa permanente al trabajo, el sistema deja de ser justo. Y deja de serlo para quienes madrugan, levantan la persiana, pagan nóminas, aceptan empleos duros o se esfuerzan aunque apenas lleguen a fin de mes.
En la calle se habla de “paguitas”. La palabra es fea e imprecisa, porque mete en el mismo saco realidades muy distintas. Pero detrás de esa expresión hay una inquietud que no deberíamos despreciar, la sensación de que se premia más la pasividad que el esfuerzo.
Y aquí conviene una aclaración. Esta reflexión no va contra nadie por su origen, su acento, su color de piel o el lugar del que venga. Todo lo contrario. Bienvenidas sean las personas que llegan a este país con ganas de construir una vida, trabajar dignamente, respetar nuestras normas y formar parte de una sociedad que necesita su esfuerzo.
España, y también provincias como Palencia, deben mucho a quienes han venido de fuera para cuidar a nuestros mayores, trabajar en el campo, atender en la hostelería, incorporarse a la limpieza o al transporte. Muchas veces son ellos quienes aceptan trabajos que otros rechazan. El problema no es la procedencia. El problema es la actitud.
Quizá ha llegado el momento de hablar de contraprestaciones. Si una persona recibe una ayuda pública y está en plenas facultades para trabajar, ¿no sería razonable que contribuyera al bien común? Hay mucho por hacer. Limpieza de montes, mantenimiento de caminos, cuidado de espacios públicos. No como castigo, sino como compromiso.
Esta reflexión conecta con la educación. Si en la escuela, en casa y en la sociedad transmitimos que el esfuerzo importa cada vez menos, no podemos sorprendernos después de que falte compromiso laboral. Si confundimos comprensión con ausencia de límites, estamos sembrando un problema que recogeremos todos.
El dinero público no cae del cielo. Sale del esfuerzo de empresas, trabajadores, autónomos y familias. Ayudar al que lo necesita es una obligación moral. Sostener indefinidamente a quien puede trabajar y decide no hacerlo es una irresponsabilidad colectiva.
No necesitamos una sociedad más dura. Necesitamos una sociedad más justa. Que ayude al que lo necesita, apoye a las empresas que crean empleo, reconozca los oficios y exija responsabilidad a quien puede asumirla.
El fracaso no es que alguien necesite ayuda en su vida. Eso nos puede pasar a cualquiera. El fracaso es construir un sistema en el que trabajar parezca una mala opción y vivir de lo público, sin devolver nada a cambio, parezca aceptable.
Ahí sí tendríamos un problema serio. No solo económico. También moral.
