La excelente salud de las cuentas de la Diputación Provincial centra el debate principal del pleno ordinario de este jueves: por un lado, las reglas de gasto que impone el Estado impide disponer de manera autónoma del dinero del banco y, por otro, la oposición reclama que ese dinero se utilice para evitar tensiones de tesorería en los Ayuntamientos de la provincia
Hablando en plata: la hucha está llena y los deberes terminados y aprobados con sobresaliente. Ahora, la duda a resolver es cómo rompemos el cerdito y si tenemos o no el permiso para usar su contenido a nuestra voluntad.
El Pleno de la Diputación dio cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2023, que se presenta con resultados difícilmente mejorables: con la cuenta terminada antes del plazo legal (hoy era el último día, pero estaba listo desde hace más de una semana) y unos datos que la responsable del área de Hacienda, María José de la Fuente, pudo informar en un tono de orgullo: un superávit de más de 5 millones, unos fondos líquidos que superan los 52 millones de euros y una deuda con mínimos históricos que se sitúa en el 14,70 por ciento, muy lejos del máximo legal del 110 por ciento.
El remanente líquido de tesorería supera los 29,3 millones de euros, un dinero ahorrado por la Institución que se puede destinar, a través de modificaciones de créditos, a financiar o incrementar inversiones ya previstas o para ejecución de proyectos que puedan surgir a lo largo del año y que no estén recogidos en el Presupuesto aprobado en diciembre.
La Diputación presenta un presupuesto de más de 100 millones de euros “centrado en las personas”
La ejecución del Presupuesto 2023 se ha cerrado con más de un 97 %, mientras que la ejecución presupuestaria de las inversiones ha sido del 61 por ciento pese a las dificultades para la contratación, lo que supone un 27 por ciento más que el año anterior.
Con respecto a la deuda, se sitúa en mínimos históricos. Así, se cifra en un 14,70 por ciento, muy lejos del máximo que establece la ley del 110 por ciento. En los últimos ocho años, se ha conseguido reducir en 11 millones de euros.
Otro dato que hizo sacar pecho a la titular de Hacienda es el pago medio a proveedores, que se sitúa ligeramente por encima de los 9 días frente a los 30 máximos establecidos por ley y permite que los proveedores de la Institución dispongan en plazos de tiempo muy breves de su dinero para poder mantener una actividad empresarial fluida. El otro indicador, es la morosidad que indica que la Diputación cumple en 20 días estando el máximo permitido en 60.
Cómo usar ese dinero para ayudar a los Ayuntamientos
Después de felicitar a los funcionarios del área de Intervención y del resto de servicios de la Diputación, que mantienen a raya esa tasa de éxito en cuanto a pago a proveedores y cumplimiento de contratos, la crítica por parte de la oposición socialista se centró principalmente en cómo poder utilizar ese dinero líquido para evitar tensiones de tesorería en los Ayuntamientos, concretamente en servicios como los CEAS, el programa Crecemos o los Fondos de Cohesión.
Y es que, según apuntó el portavoz del grupo socialista, Miguel Ángel Blanco, es una paradoja que los Ayuntamientos que prestan dichos servicios en virtud del convenio con la Diputación y la Junta, tengan que adelantar dinero en concepto de nóminas (como es el caso de los CEAS y las guarderías del Crecemos), o de pagos a contratistas sin poder percibir los fondos destinados a ello en el caso de los Fondos de Cohesión, cuyo ingreso está condicionado a la justificación de los trabajos.
“Se cierra el año con más de 52 millones euros de fondos líquidos, dinero contante y sonante en las cuentas bancarias, que podían permitir no retrasar las distintas obligaciones que se tienen con los Ayuntamientos”, subrayó Miguel Ángel Blanco, a lo que María José de la Fuente concedió, tras el correspondiente debate, que sería un asunto a tratar en las comisiones pertinentes.
“Vamos a analizarlo, es un esfuerzo que todos deberíamos ponernos como meta”, aunque recordó que esa gran cantidad de fondos líquidos son los que están permitiendo poder pagar a los proveedores tan rápido (9 días desde el reconocimiento de la factura y 21 días en total). “Duele que se hable solo de proveedores, también se debería pagar rápido a los Ayuntamientos”, pedía el portavoz socialista.
Pero la responsable de Hacienda veía, sin embargo, otra pega al “problema” de la hucha de los 52 millones de euros. El pasado ejercicio 2023 no tenía regla de gasto, sin embargo, esta medida se retoma para el ejercicio 2024. Si Miguel Ángel Blanco incidía en que buena parte de la salud financiera de la institución provincial es debida a las transferencias del Estado, De la Fuente matizaba que “el Gobierno de la nación te lo da con una mano y, con la otra, te dice que no te lo puedes gastar”.
“Se estima en un incremento del 20% la recaudación por los tributos del Estado y tenemos una regla de gasto del 2,6% para el 2024. Con una mano me lo das y con otra mano no me lo dejas gastar y no me dices cómo planificar mi deuda, si la tengo -y hablo de todas las administraciones locales- o la posible ejecución de inversiones financieras sostenibles. Viva la autonomía de las entidades locales que impulsa el gobierno de la nación”, ironizaba la también vicepresidenta de la Diputación.
Otra cuestión a discusión era la ejecución de un 13 % de las obligaciones reconocidas netas del presupuesto del año pasado, que suponen más de 10 millones de euros. Si el portavoz socialista consideraba un fallo no haberlas impulsado en un contexto de buena gestión y salud financiera, como es el de la Diputación palentina, “perder ese 13 % es un coste de oportunidad en cuestión de tiempo”, afirmaba.
A lo que María José de la Fuente le recordaba que en esa cantidad estaba incluyendo los más de 7,7 millones de euros procedentes de planes y subvenciones que habrán de ejecutarse en 2024 y 2025, por lo que “son proyectos que no se van a ejecutar en su totalidad en el año, a lo que se añade más de un millón de euros de fondos no finalistas… Por lo tanto, las cifras en su justa medida”, respondió la responsable de Hacienda.
Remanente
María José De la Fuente lamentó que “no sepamos absolutamente nada del Gobierno” en cuanto a las reglas aplicables a la utilización del superávit. “Llama la atención que frente al cumplimiento exquisito de las obligaciones, estemos esperando sin saber qué hacer con el remanente: si vamos a tener que aplicar los requisitos de cuando había reglas fiscales al año 2023… Un poquito de atención a las entidades locales por parte del Gobierno de España no estaría mal”, porque, aunque la Diputación está presentando la liquidación dentro de los plazos que marca la ley, “no tenemos el dato que necesitamos para hacer una tramitación ordenada y regular”.
Para la oposición socialista, “esos 29 millones de euros de remanente suponen la oportunidad de incorporar un tercio del presupuesto aprobado en diciembre. Presentaremos propuestas para esos fondos”, avanzó Blanco, que defiende “políticas más ambiciosas” para la provincia.
“Es indudable que la Diputación tiene unos resultados excelentes en cuanto a la gestión económica del dinero público, que es de todos; un gasto del que se da cuenta de manera permanente, que impulsa la provincia y responde la senda marcada y aprobada por todos los grupos de la Agenda Rural de la provincia de Palencia y con el buen hacer de los servicios de intervención y de tesorería y de los demás funcionarios de esta casa. Estamos en muy buena posición para afrontar 2024”, concluyó María José de la Fuente.
