Desde la entidad aseguran que es necesario conocer si los ganaderos investigados por el cobro fraudulento de
ayudas de la PAC también han sido beneficiarios de ayudas por daños de lobo

La investigación que la Guardia Civil y la Fiscalía Europea está realizando sobre una treintena de funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Europea (PAC) era un tema que se llevaba con discreción en la comarca de Cervera de Pisuerga en la Montaña Palentina. Una vez roto el cerco regional de nuevo estamentos verdaderamente implicados en la defensa del interés general, la Guardia Civil y la Fiscalía, son los que intentan poner algo de orden ante un ámbito administrativo inoperante, empezando a preocupar el más que deficiente funcionamiento de la Junta de Castilla y León, también en Agricultura y Ganadería.

Esta incapacidad que vuelve a demostrar la Junta de Castilla y León para resolver un problema de su exclusiva competencia debe derivarse en la depuración de responsabilidades tanto en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia como en los Servicios Centrales en Valladolid. Los superiores que ignoraron las denuncias deben ser investigados por si hubieran incurrido en responsabilidad penal. Administrativamente es evidente que deben ser apartados.

Las declaraciones del Consejero de Agricultura anunciando la personación en el caso como acusación particular demuestran que lo importante para la administración regional es desviar el foco de cualquier responsabilidad. El Consejero debería preocuparse en conocer porque se ha producido una absoluta dejadez y pasividad en el Servicio Territorial de Agricultura de Palencia y en los Servicios Centrales de la Consejería.

Barcones confirma que 29 de los 30 investigados por fraude en el cobro de ayudas de la PAC son de Castilla y León

Ecologistas en Acción valora la determinación de la funcionaria que denunció las irregularidades, no es nada fácil en la provincia de Palencia y aún menos en la comarca de Cervera. A pesar de la negativa de sus superiores a investigar los hechos y tramitar la correspondiente denuncia ella acudió fuera del ámbito local y regional con el riesgo que eso supone para su vida profesional e incluso personal.

La asociación ecologista solicitará al Servicio Territorial de Medio Ambiente conocer si los ganaderos investigados cobraron ayudas por ataques de lobo y si esas ayudas han podido tener relación con los hechos que ahora investiga la Guardia Civil y la Fiscalía Europea. Conocedores del funcionamiento del Servicio de Medio Ambiente y la falta de escrúpulos de algunos de los ganaderos de la montaña palentina no es descabellado pensar que pueda existir alguna conexión entre ambos casos.

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