Recuerda que se pronuncia sobre la situación jurídica vigente
ICAL
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa descartó la “violación” del derecho de negociación colectiva por parte de la Junta que denunciaron CCOO y UGT en 2023 cuando se produjo el primer acuerdo entre PP y Vox. Los sindicatos trasladaron a Bruselas que existían “incumplimientos” sociolaborales por los que se vulneraban al menos cinco artículos de la Carta Social Europea, una denuncia que fue admitida a trámite.
Eso sí, el Comité recuerda que, en principio, se pronuncia sobre la situación jurídica vigente en la fecha de su decisión sobre el fondo y concluye que “las presuntas violaciones de derechos contenidas en la denuncia inicial han sido subsanadas y, por lo tanto, no requieren un examen más exhaustivo”.
El Comité indicó que, basándose en las respuestas de las partes a su solicitud de información adicional, que, en el segundo semestre de 2025, cuando Vox ya había abandonado el Ejecutivo, el Gobierno regional reanudó el diálogo social, convocó nuevamente al Consejo de Diálogo Social y adoptó un acuerdo marco tripartito que abarca todas las áreas temáticas a que se refiere la presente denuncia, y que se restableció la financiación para los servicios en cuestión.
El Comité también destacó que el Gobierno regional restableció la financiación para la participación institucional previamente retenida a los interlocutores sociales, en cumplimiento de las órdenes judiciales nacionales en ese sentido, así como la financiación que permite la continuidad de la Fundación Serla.
Además, en un escrito de 26 de enero de 2026, el Gobierno señala que, tras el cambio de titular de la Consejería de Empleo de Castilla y León en julio de 2024, se restableció la ayuda financiera concedida a la Fundación Serla, lo que permitió la reanudación de sus funciones estatutarias. El Gobierno también hace referencia a las sentencias de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, entre otros desarrollos judiciales, y concluye que las alegaciones de las organizaciones denunciantes “se han resuelto satisfactoriamente a nivel nacional”.
Ahora, tres años después de que ambos sindicatos presentaran esta reclamación colectiva ante el CEDS, este órgano responde que “no encuentra una violación” del artículo 6.1 de la Carta, el que corresponden con el “derecho de negociación colectiva y favorecer la consulta paritaria entre trabajadores y empleadores”.
El CEDS, según recoge Ical, ha publicado su decisión en aplicación del artículo 8.2 del Protocolo Adicional de 1995 a la Carta Social Europea, que establece un sistema de reclamaciones colectivas y que prevé la publicación de sus decisiones una vez que el Comité de Ministros del Consejo de Europa apruebe una resolución o una recomendación. Precisamente, esto es lo que ha ocurrido ayer, cuando el Comité de Ministros aprobó una resolución en la que toma nota del informe que le remitió el CEDS sobre su decisión, sobre el fondo de la reclamación colectiva de CCOO y UGT Castilla y León.
Cabe recordar que las dos centrales sindicales presentaron en junio de 2023 una reclamación ante el CEDS por entender que la Junta, con sus actuaciones, vulneraba “clara y flagrantemente” varios preceptos de la Carta Social. “El incumplimiento sistemático y continuado cuando menos de estos cinco artículos, todos ellos obligatorios para las administraciones españolas, nos exige promover esta reclamación, en defensa de nuestros intereses y los de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León”, explicaba entonces CCOO en un comunicado recogido por Ical.
En concreto, la reclamación refería que se vulneraban los artículos de derecho a la seguridad y salud en el trabajo, el de sindicación, el de la negociación colectiva, el de la orientación profesional y el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia.
Así, especificaba la supresión de la financiación del programa de prevención de riesgos laborales que prestaban las organizaciones empresarial y sindicales más representativas en la Comunidad; las acciones de la Junta para “eliminar” el diálogo entre “los actores legitimados” o la desaparición de programas como el de orientación profesional para el empleo y la asistencia para el autoempleo (PROA).
