El TSJCyL confirma que Acciona debe mantener el contrato de tratamiento de residuos en Palencia

El alto tribunal autonómico desestima el recurso de la empresa, que en 2023 pidió poner fin de forma anticipada al contrato alegando un aumento de los costes por cambios normativos.
Instalaciones del CTR de Palencia, principal instalación del Consorcio de Residuos de Palencia. / Óscar Herrero

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado que Acciona Servicios Urbanos S.A. debe mantener el contrato que tiene adjudicado con el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia para la prestación del servicio de tratamiento de residuos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la empresa contra la decisión del Consorcio de rechazar su solicitud de abandonar el contrato antes de su finalización.

La sentencia, dictada el pasado 9 de septiembre de 2026, reafirma la resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia, que en febrero de 2025 ya había dado la razón al Consorcio.

El conflicto comenzó en 2023, cuando Acciona solicitó la resolución anticipada del contrato. La empresa alegó que determinados cambios normativos habían incrementado los costes previstos inicialmente para la prestación del servicio, entre ellos los relacionados con la fiscalidad de los residuos.

El Consejo de Administración del Consorcio Provincial de Residuos rechazó la petición el 18 de octubre de 2023 al considerar que no se daban las circunstancias necesarias para poner fin al contrato antes de tiempo.

Acciona recurrió entonces esta decisión ante los tribunales. Tras la resolución del juzgado palentino, la compañía presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ahora ha sido desestimado.

El contrato deberá seguir vigente

El pronunciamiento del TSJCyL respalda la decisión del Consorcio de mantener vigente el contrato y, en la práctica, determina que los cambios normativos alegados por Acciona no permitían a la empresa abandonar de forma anticipada la prestación del servicio.

De este modo, se mantiene la obligación de cumplir las condiciones acordadas para el tratamiento de los residuos de los municipios de la provincia.

El Consorcio considera que la resolución judicial «permite dar seguridad y estabilidad a la prestación de un servicio básico y fundamental como es el de tratamiento de residuos y asegura su adecuada prestación a los municipios».

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