La Fiscalía de Valladolid ha presentado denuncia contra los directores de servicios del Hospital de Medina del Campo a raíz de los supuestos abusos a pacientes por parte de un traumatólogo de dicho centro sanitario, ya fallecido en accidente de tráfico.
La acusación pública ha remitido al Juzgado Decano de Medina del Campo las actuaciones realizadas a raíz de la comunicación por parte de la Consejería de Sanidad de la denuncia firmada por 26 trabajadores del Hospital medinense sobre presuntos actos realizados por el médico del centro hospitalario ya fallecido.
La investigación ha detectado posibles contactos físicos inadecuados del médico fallecido a algunas mujeres en ese hospital, que no pueden ser investigados a causa del fallecimiento del presunto autor de los mismos, según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía Provincial.
La acusación pública, por contra, sí entiende necesario que se investigue judicialmente la falta de remisión a esta misma Fiscalía o al Juzgado de la comunicación reflejada en el sistema del propio hospital de fecha 30 de septiembre de 2019 en la que se relataba y describía un presunto abuso a una menor de edad, de la que tampoco fueron informados los padres de la paciente, por lo que ha formulado denuncia frente a los responsables del hospital y directores de servicios que tuvieron conocimiento de tales hechos, pues tal inactividad pudiera ser constitutiva de un delito de omisión.
DIMISIONES EN CASCADA
A raíz de que estos hechos trascendieran públicamente, se produjo una serie de dimisiones en cadena en dicho centro sanitario, primero la del director gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cargo que también ostenta en el centro medinense, José Manuel Vicente, luego la directora médica, Laura Gil, y más tarde de la directora de Enfermería, Teresa Sánchez, así como encargado del área de Traumatología, José Ángel Sanz, y por último del jefe de Anestesia, Juan Carlos Álvarez.
Estas cinco dimisiones dimisiones se conocieron después de que la Gerencia Regional de Salud procediera el 4 de junio, y “de manera inmediata”, a abrir “una información reservada, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir” a un médico del Hospital de Medina por la denuncia presentada por varios trabajadores por “presunta conducta irregular”.
El médico es el traumatólogo que un día antes, el 3 de junio, perdió la vida la colisionar frontalmente el coche que conducía con un camión en la carretera de León, a la altura del municipio de Ceinos de Campos, un accidente que también fue investigado por si hubiera sido un intento de suicidio.
CARTE DE APOYO DE 41 PROFESIONALES
Dos semanas después, un total de 41 profesionales sanitarios– principalmente médicos pero también enfermeros o administrativos y que afirman haber mantenido trato profesional con el facultativo fallecido–firmaba un escrito en el que respaldaban la presunción de inocencia del traumatólogo y recalcaban que, ante las investigaciones abiertas, era preciso “anteponer la presunción de inocencia a cualquier otra consideración”.
Todo ello, responde a las “acusaciones genéricas e inconcretas y a las numerosas contradicciones” que afirmaban haber leído o escuchado en algunos medios de comunicación y que, añadían, se plasman en los fragmentos que aseguran conocer del escrito de acusación. De hecho, negaban de manera “radical” la certeza de esas “insidiosas manifestaciones”.
Esas conductas denunciadas, apuntaban, se vendrían produciendo desde 2019 “sin solución de continuidad y de forma constante y habitual”, por lo que interprestaban que “de ser así, resultaría que dichas ignominiosas prácticas serían observadas siempre por el personal del área de quirófano y reanimación” y ellos “conocerían todas las circunstancias, como días en los que se cometieron, modo en el que sucedía, persona que sufría los abusos”.
Si ello fuera totalmente cierto, añadían, “se convertirían con su silencio cómplice en el tiempo, en sujetos activos de un delito de encubrimiento pasivo, algo realmente inverosímil”.
Por ello, además de por “la ausencia de ningún tipo de denuncia formal durante el periodo que se menciona”, entendían que dichas acusaciones están “en tela de juicio”.
En cualquier caso, incidían en que lo obligado es “ser prudentes y esperar el resultado de las investigaciones con la premisa de aplicar la presunción de inocencia”.
