La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de «escandalosa» la situación que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la «drástica» reducción de sus aguas y ha asegurado que ya se está investigando a la eléctrica, a la que se ha remitido una carta «para decirle que esto no puede ser».

«No es razonable vaciar en prácticamente en 6 semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora», ha denunciado la vicepresidenta tercera en una entrevista en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta recogida por Europa Press.

Ante esto, la ministra ha avanzado que se tendrá que aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por razones extraordinarias se puedan introducir limitaciones al vaciado del caudal de los embalses.

Ribera ha explicado que esta situación tiene que ver con las cláusulas concesionales, que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año. «Por eso la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso», ha remarcado.

La ministra ha esgrimido que el agua no puede quedar en un volumen máximo permitido anual sin ningún tipo de criterio con respecto a su distribución y uso en el tiempo y por tanto gestionado directamente por la empresa concesionaria con arreglo «a lo que en cada momento económicamente les convenga más». «Esto es legítimo pero no es razonable que ocurra, por eso queremos intervenir cuanto antes», ha apuntado.

Ribera ha remarcado que el Gobierno se ha puesto en contacto con la compañía y ha adelantado que el secretario de Estado de Medioambiente tendrá una reunión la próxima semana con los alcaldes de las zonas afectadas.

«Esto no podemos permitir que ocurra. El agua es un bien escaso tan importante para el bienestar de las familias y la actividad económica, como lo es la electricidad «, ha remarcado.

Precisamente organizaciones como Facua-Consumidores en Acción han pedido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que investigue la «drástica» reducción de agua por si la empresa pudiera estar aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz para desembalsar más agua de la debida y multiplicar así su producción hidroeléctrica.

SE MANTENDRÁ EL ESCUDO SOCIAL Y UNA FISCALIDAD ADECUADA SOBRE LA LUZ

Preguntada por las medidas a corto plazo para paliar la subida de la energía eléctrica, que ha marcado esta semana varios máximos históricos, la ministra ha asegurado que el Gobierno mantendrá el escudo social y un tratamiento fiscal «adecuado».

Cabe recordar que el Gobierno aprobó hace unos meses la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% hasta final de año, así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses, hasta septiembre.

Ribera ha insistido en que el elevado precio de la luz actual no puede resolverse «de la noche a la mañana», ni con un decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Decir que esto se resuelve con un decreto ley es generar una falsa expectativa», ha dicho Ribera tras asegurar que «quien diga que hay alguna medida que nos pueda cambiar las cosas de un día para el otro, con una publicación en el BOE de algo mágico, o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata».

Ante el elevado precio de la luz por el alto precio del CO2 y del gas, la ministra ha dicho que el mercado marginalista no responde a una realidad en la que hay costes tecnológicos diferentes. «Hay que abrir ese debate en Europa», ha insistido.

MÁS DE 200 CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS TERMINAN ESTA DÉCADA

La vicepresidenta tercera deslizó esta semana la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, con el fin de poder reducir la tarifa de la luz.

Hoy ha detallado que en España hay un número importante de explotaciones hidroeléctricas, más de 200, cuya concesión termina a lo largo de esta década, dos de ellas en dos años.

No obstante, ha recordado que el país ya cuenta plantas hidroeléctricas gestionadas por confederaciones hidrográficas, por lo que ahora el Gobierno pretende «trabajar y actualizar las condiciones», y ver si se crear una empresa pública o se gestionan directamente por las cuencas hidrográficas.

«Las condiciones en las que se firmaron las concesiones de hidroeléctricas no tienen nada que ver con las situaciones ahora, por eso estudiamos cómo gestionarlo mejor y hacerlo de manera centralizada», ha aclarado.

La ministra ha puntualizado que, tras abordar esta cuestión, la empresa pública estaría sometida a las mismas reglas europeas, por lo que no se podría vender por debajo del precio, porque eso sería considerado por la Comisión Europea como ayuda de estado, ni podría tener un tamaño tan significativo como lo pudieran tener otros operadores determinantes en el corto plazo.

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