La Junta de Castilla y León establecerá un régimen permanente en las viviendas de protección pública que construya cuando obtengan financiación tanto del Gobierno central como de las instituciones europeas, según se contempla en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas elaborado por el Gobierno autonómico a cuyo texto íntegro ha tenido acceso la agencia Ical.
En la actualidad, la duración del régimen de salvaguarda en las viviendas de protección pública es de quince años desde el otorgamiento de la licencia de primera ocupación, mientras que las viviendas de protección pública de promoción privada pueden ser desclasificadas a partir de los diez años siempre que el suelo sobre el que fueron construidas no fuera cedido o enajenado por una administración pública, salvo conformidad expresa, y que en caso de haberse obtenido ayudas, éstas sean previamente reintegradas y se cancele el préstamo hipotecario obtenido con financiación pública o se modifiquen sus condiciones adaptándolo a las nuevas circunstancias.
Estas salvaguardas cambiarán a partir del 1 de enero con una reforma del régimen legal de estas viviendas mediante una disposición final de la ley de acompañamiento que el Gobierno autonómico justifica por “razones graves de interés público”. En la exposición de motivos de la norma, la Junta deja clara la “disconformidad” del Ejecutivo de Castilla y León “con respecto a la política estatal en materia de vivienda” pero considera necesaria esta modificación legal para poder acceder a las ayudas que se contemplan en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y también para aquellas en las que intervengan fondos europeos como el FEDER o la financiación a través del Banco Europeo de Inversiones. De este modo, sostiene el texto conocido por Ical se evita la renuncia a unos fondos “a los que en todo caso tiene derecho esta Comunidad”.
El Plan Estatal de Vivienda para Castilla y León tiene una dotación prevista de 378 millones de euros – de los que 43 millones se corresponden con el primer año- frente a los 110 que le asignaron en la programación que abarcó desde el año 2022 al 2025. Se destinarán fundamentalmente a la construcción de nuevas viviendas (al menos el 40 por ciento), la rehabilitación del parque ya existente (30 por ciento) y a ayudas al alquiler y la compra para jóvenes (30 por ciento), víctimas de violencia machista y a colectivos vulnerables.
La Junta de Castilla y León proyecta construir e impulsar al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas a lo largo de la legislatura actual, que se sumarán a las 1.300 que se están construyendo en la actualidad, según avanzó en las Cortes la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, quien anunció un incremento del 80 por ciento en la inversión destinada a política de vivienda.
Una parte de esta previsión se desarrollará a través de los los cuatro Planes Regionales de Ámbito Territorial (PRAT) ya aprobados o en tramitación —en Segovia, Aguilar de Campoo, Medina de Rioseco y Ólvega— permitirán desarrollar 1.455 nuevas viviendas, de las que 814 serán protegidas, a los que se sumarán otros tres planes en Viana de Cega (Valladolid), Guijuelo (Salamanca) y Paredes de Nava, que añadirán 558 viviendas más, de las que 366 serán protegidas.
También están previstas 126 viviendas mediante planes parciales y otras 808 a través de distintas actuaciones urbanísticas en Fuensaldaña (Valladolid), Villamuriel del Cerrato y Valladolid.
