Varios autobuses y taxis escolares, en una fotografía de archivo. / ICAL

Remite una carta en la que expresa su “malestar” por unos datos “irreales y confusos” sobre los vehículos controlados

Apuntan a que muchas denuncias se han debido por no llevar a bordo la autorización especial de transporte regular de uso especial, que no afecta a la seguridad y que en algunos casos se debe a que la Junta no las ha expedido aún

La Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) expresa su “malestar” a la Delegación del Gobierno en la Comunidad y le pide “prudencia” en la difusión de informaciones sobre las campañas de inspección de la Dirección General de Tráfico (DGT), para que sean “veraces y no equívocas”. Así lo recoge una carta a la que tuvo acceso Ical que la patronal ha remitido al delegado Nicanor Sen.

En ese sentido, las empresas expresan su compromiso con la seguridad de los usuarios, pero entienden que al trasladar que uno de cada tres vehículos de transporte escolar vigilado en la última campaña fue sancionado (121 de 387), se puede llevar a “equívocos” al periodista y la sociedad, lo que recuerda es “perjudicial” para los intereses de estas compañías, sobre todo, ante la “delicada situación económica” por la que atraviesan.

A juicio de la patronal, esta información es una “constante todos los años”, que lleva a la población a ponerse “en contra” de las empresas con datos “irreales y confusos”. Deduce que ”muchas denuncias” se han debido a que los vehículos no llevaban a bordo la autorización especial de transporte regular de uso especial, documento que defiende no afecta a la “seguridad” de los alumnos. Además, señala que en algunos casos esto se debe a que no se ha expedido todavía por el organismo correspondiente, en este caso la Junta de Castilla y León.

“Le rogamos que se haga lo necesario para que las informaciones que se dan a los medios de comunicación, para transmitir a la sociedad, sean veraces y no equívocas, evitando así un claro perjuicio a la imagen de un sector como el autobús que, como puede constatar, ofrece unos datos de siniestralidad difícilmente mejorables”, recoge la misiva.

Finalmente, la patronal recuerda que las 250 empresas que operan en Castilla y León, de las que dependen más de 3.500 empleos directos, transportan a diario a 36.000 escolares.

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