El Alto Tribunal de la Comunidad estima el recurso de la empresa TEVA ante el rechazo de sus pretensiones en el Tarcyl y retrotrae las actuaciones a la valoración de las ofertas por parte de un Comité de Expertos y no por el técnico que las realizó
La Zona de Bajas Emisiones se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Palencia y eso que aún no se ha implantado. En parte porque el actual equipo de Gobierno no logró el consenso necesario para sacar adelante la Ordenanza al cerrar el tráfico en Los 4 Cantones.
Pero es que el contrato de las cámaras y el control de acceso a la presunta Zona de Bajas Emisiones, lanzado hace ya tres años, adjudicado hace dos y ejecutado (en su fase inicial) hace uno, le ha sacado una foto al Consistorio capitalino (como administración -sin entrar en la parte política-) que le puede salir cara. Una segunda foto. En la primera salió fotogénico. En la segunda, le han sacado su lado menos bueno en cuanto a su funcionamiento administrativo.
El caso es que el contrato por para la colocación de estas cámaras, que llevan ya un año instaladas en el perímetro de la ZBE, ha vuelto a llevar al Ayuntamiento a los Tribunales que, en esta ocasión, ponen en duda la «imparcialidad» del proceso de adjudicación de un contrato que contemplaba las cámaras, las pantallas en los accesos a la ciudad y las estaciones de control de polución.
Así controlará y multará Palencia el acceso a su Zona de Bajas Emisiones
Cronológicamente:
A aquel contrato se presentaron seis empresas: Kapsch Trafficcom Transportation (en adelante Kapsch); Eurocop, TEVA, SICE y TRADESEGUR. Finalmente fue adjudicado a la primera (la que tradicionalmente -a través de empresas que se han ido sucediendo y absorbiéndose- se encarga de los semáforos en Palencia) eliminándose por, baja temeraria, las de TEVA (por 10.000 horas de mantenimiento evolutivo) y Eurocop (por precio de 1.254.517,40 euros). Kapsch, también había incurrido presuntamente en baja temeraria (por 6.000 horas de mantenimiento evolutivo), pero su justificación sí fue aceptada en un informe firmado por el ingeniero municipal.
TEVA recurrió ese informe del ingeniero municipal ante el Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de Castilla y León (Tarcyl) que, en 2024 dio la razón al Ayuntamiento. Esa fue la primera foto, la bonita.
Sin embargo, TEVA, que presentó la mejor oferta cuantificable mediante fórmulas, con sus 10.000 horas de mantenimiento evolutivo gratuitas y con la que alcanzaría y adelantaría en puntuación final a la oferta de Kapsch, recurrió la resolución del Tarcyl ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León poniendo en la picota la actuación del ingeniero industrial municipal del Ayuntamiento.
Un recurso que ha resuelto la sala de lo Contencioso del TSJCyL, no quedándose únicamente en la valoración de la parte valorable matemáticamente como pedía TEVA, sino retrotrayendo todo el contrato al momento «de valoración de todas las ofertas (las de mediante juicios de valor y las mediante formulas matemáticas) para que se proceda a continuar todo el procedimiento de licitación de la forma establecida en la Ley», al encontrar «vicios formales apreciados que afectan a todo el procedimiento», no solo a la parte que recurría TEVA. Impone además al Ayuntamiento las costas del proceso.
Justifica el Tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente Ana María Martínez Olalla, que aunque «el técnico municipal no tenga subjetivamente interés objetivamente, queda comprometida su imparcialidad, en la medida en que tiene la condición de personal al servicio del Órgano de Contratación que no sólo ha participado en el desarrollo del procedimiento de licitación, sino que influye decisivamente en el resultado del mismo».
Y es que el ingeniero industrial municipal es quien realizó los pliegos, quien puntuó las ofertas técnicas por medio de juicios de valor, quien emite el informe aceptando y rechazando las explicaciones sobre las posibles bajas temerarias y quien además emite el segundo informe que se remite al TARCyL, justificando la actuación del Ayuntamiento.
Algo que, indica el Tribunal, es contrario a derecho y al propio pliego de condiciones administrativas particulares sobre el que se rigió el concurso y que, en su artículo 21, señala que «No podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboración de la documentación técnica del contrato de que se trate, ni emitir informes de valoración de las ofertas, como medida para tratar de evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, al amparo de la previsión del artículo 64 de la LCSP».
Pero es que, según el propio Pliego de Condiciones Particulares de este contrato, no podría haber sido un órgano unipersonal el que hubiera redactado la evaluación de las ofertas técnicas mediante fórmulas, como ocurrió con el ingeniero industrial municipal sino que debería haber sido un Comité de Expertos: «De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 146.2.a) de la LCSP de la LCSP, para reforzar la objetividad e imparcialidad en la adjudicación, cuando se elijan criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 40% de la puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquellos por un Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado».
Este debe tener entre tres y cinco integrantes, funcionarios de carrera o personal fijo, «que no haya tenido participación en la elaboración de la documentación técnica del contrato de que se trata». Uno de ellos, además tiene que ser «licenciado en Derecho con experiencia en contratación pública».
En el caso de este contrato, la valoración técnica por medio de juicios de valor tenía un peso del 45%, por lo que de acuerdo al propio pliego, debería haber sido ese Comité de Expertos, a pesar de que el Ayuntamiento respondiera que esa redacción era un «error» «al haberse tomado como base para redactar este PCAP un modelo anterior que así lo establecía». El TSJ censura que de haberse considerado un error «y se quiere modificar el pliego lo que establece la ley es la retroacción de actuaciones» ya que, resalta, la jurisprudencia ha llevado a «acuñar el aforismo de que el pliego es ley del contrato«.
Por todo ello el TSJCYL considera que «aunque el ingeniero técnico municipal que realiza los informes de valoración de las ofertas con los criterios dependientes de un juicio de valor y de las incursas en presunción de anormalidad, ha presentado declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), pues las ha aportado con la contestación a la demanda el Ayuntamiento demandado, lo cierto es que objetivamente el conflicto de intereses se produce a la vista de lo estipulado en el PCAP porque ha elaborado la documentación técnica del contrato, como se ha reseñado, y, además, el peso de los puntos de los criterios que implican un juicio de valor es el 45 % frente al 55% que representa el peso de los criterios matemáticos de valoración (automáticos), lo que implica que, siendo superior al 40% de la puntuación total, la valoración de aquéllos (juicios de valor) «deberá realizarse … por un comité de expertos u organismo técnico especializado» y ha sido realizada sólo por el Técnico Municipal, a pesar de la prohibición expresa contenida en el PCAP.
Así, el TSJCyL, estima el recurso presentado por TEVA y se anulan las resoluciones recurridas, acordando la retroacción de actuaciones al momento de valoración de todas las ofertas para que se proceda a continuar todo el procedimiento de licitación en la forma establecida en la Ley y el PCAP. Es decir, anularía la adjudicación a Kapsch.
TEVA, en su recurso, pedía además que se le adjudicase el contrato o que en el caso de que fuera ya imposible (como parece al haberse instalado ya todo el sistema), se le indemnizara con 6% (beneficios dejados de obtener) de 1.411.332 euros (más IVA) del valor del contrato. Sin embargo, el TSJCyL señala que ante la nueva valoración que debe hacer el Comité de Expertos y, por tanto, «desconociéndose quién, en su caso, sería la mercantil adjudicataria del contrato, no procede ahora determinar la indemnización».
Contra dicha sentencia cabe recurso de casación.
