Imagen de archivo de una veterinaria atendiendo un perro. Europa Press
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Veterinarios de diferentes clínicas palentinas se unen a la petición de patronal y sindicatos para exigir a las comunidades autónomas que asuman su responsabilidad en el cuidado de los animales que llegan desde Ucrania

A medida que van llegando los refugiados procedentes de la guerra en Ucrania, se van aclarando aspectos sobre cómo atender sus necesidades educativas o sanitarias y qué alojamiento localizarles en los distintos rincones del país. Sin embargo, queda por resolver una cuestión muy importante: qué hacer con los animales que traen consigo.

Veterinarios palentinos alertan de los riesgos que puede entrañar para la salud pública, y especialmente para las propias mascotas, una atención inadecuada, que se está dejando en manos de la “buena voluntad” de las clínicas, en perjuicio de la propia normativa autonómica, según detallan desde este sector a Palencia en la Red. Es por ello que se suman a la petición que patronal y sindicatos han formulado a nivel estatal: piden a las Comunidades Autónomas que “asuman su responsabilidad” en la atención y manejo de estos animales, teniendo en cuenta que existe un riesgo real de que vengan enfermos de rabia.

“Hay que recordar que en Ucrania hay rabia y que nuestras instalaciones no son las más adecuadas para un primer reconocimiento, ni para realizar las cuarentenas necesarias”, alerta una veterinaria de una clínica de un municipio de la provincia palentina.

“El conflicto bélico de Ucrania ha desatado una grave crisis humanitaria con múltiples caras y realidades y una de ellas es la atención y control sanitario de los animales que cruzan la frontera acompañando a los refugiados. Además de atender las necesidades básicas para la supervivencia, los estados de la UE necesitan poner en marcha un plan de mitigación de riesgos para la salud pública ya que Ucrania es un país con presencia de rabia endémica,
declarando anualmente en torno a 1.600 casos”, alertan en el comunicado difundido a nivel estatal.

Los veterinarios recuerdan que frenar la expansión de enfermedades como la rabia no es solo una necesidad propia de la atención a los animales, sino parte del “derecho a la protección de la salud de la población española, sólidamente recogido en la Constitución y en toda la legislación sanitaria, y recayendo la responsabilidad de su aplicación y defensa en las diferentes administraciones sanitarias del Estado, las CCAA y las administraciones locales”.

Sin embargo, explican que en esta ocasión ha sido una administración no sanitaria, como es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien proclamándose como interlocutor de la Salud Pública de forma unilateral, ha creado un protocolo de actuación contemplando que los Servicios Oficiales Veterinarios (SOV) de las Comunidades Autónomas de destino son los responsables de llevar a cabo todas las medidas de mitigación de riesgo contempladas en el plan y que pueden ejecutarlas en colaboración con otras administraciones competentes o «con entidades privadas o profesionales
sanitarios que prestan su colaboración voluntariamente y sin ánimo de lucro».

“Pero a la hora de aplicación del plan se está generando un problema importante de gestión ya que la mayoría de las CCAA están comprometiendo, literalmente, a los centros sanitarios veterinarios privados (CSV), convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales (identificación, vacunación, extracción de muestras de sangre, envíos a los laboratorios, incluso induciendo, en algunos casos, la realización de la cuarentena contemplada de 3 meses en sus instalaciones)”, agregan.

Esta situación crea a los centros sanitarios veterinarios “un inmenso problema de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia, enfermedad con un 100% de mortalidad en animales y personas. En este escenario ya no puede hablarse de solidaridad del profesional sanitario veterinario y de las empresas sino de profesionalidad y de conciencia hacia la salud laboral y hacia la salud pública”.

Una enorme responsabilidad que, agregan, “los empresarios no pueden asumir al ser la mayoría microempresas con escasos recursos que no les permite aumentar ni las pólizas de responsabilidad civil, ni los gastos de su producción en este contexto (medidas de bioseguridad, EPI específicos, desinfecciones, cese temporal de actividad si hay un caso positivo en sus instalaciones, etc.). Y tampoco ver como otros animales atendidos en sus centros están en riesgo de sacrificio por encontrarse en el lugar inoportuno en el momento inadecuado”.

Servicios Veterinarios Oficiales

Sindicatos y patronal están dando pasos para exigir al Ministerio de Sanidad que tome cartas en el asunto, al tiempo que reclaman a las comunidades autónomas “que asuman su responsabilidad y que sean los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública los que lleven a cabo preferentemente todas las medidas de control sanitario frente a este riesgo sanitario, desde la identificación, vacunación, toma de muestras y envío al laboratorio, desparasitación con tenicidas, hasta la realización de las correspondientes encuestas epidemiológicas, y en el caso de que soliciten colaboración a los veterinarios clínicos privados, les faciliten las instalaciones y medios necesarios para que los facultativos veterinarios puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y con todas las garantías para la máxima protección de la salud pública comunitaria”.

Actuando de este modo se evita, entre otras cosas, la mezcla innecesaria que podría darse en las recepciones de los CSV entre los animales nacionales y sus dueños, y los procedentes de Ucrania que todavía no hayan pasado la cuarentena correspondiente, siendo una medida muy lógica y económica de disminución del grave riesgo para la salud pública de una posible transmisión y de todas las medidas posteriores para manejar un brote.

“Cabe destacar y de forma expresa que a estas horas, la mayoría de veterinarios sigue desconociendo el qué, el cómo y el dónde hay que notificar los casos de los que sean conocedores, por tanto se exige con urgencia que se les transmita el contacto directo del organismo sanitario autonómico designado para ello, ya que este procedimiento es el único al que se les obliga en el protocolo y es lo que impide, por el momento, el poder cumplirlo”.

La rabia, una enfermedad mortal en el ser humano

Los veterinarios recuerdan que la rabia es una enfermedad que produce “una mortalidad del 100% en el ser humano y por lo tanto es imprescindible tomar las medidas más estrictas posibles para evitar un contagio”. Además del grave riesgo de salud pública que produciría su propagación en la comunidad, “debido a la presencia de animales sin el adecuado control sanitario veterinario”, se añade el hecho de que si se confirma un caso positivo, esto obligaría a crear “restricciones de movilidad de los animales vivos por un mínimo de 6 meses y en un área de 30 kilómetros en los territorios afectados, lo que supondría un impacto económico importante en turismo y en la cadena alimentaria”.

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