El Procurador de Común de Castilla y León pide a las diputaciones provinciales que se coordinen para hacer frente de forma conjunta a la exclusión financiera en el medio rural, después de que iniciara una actuación de oficio al ser conocedor de la incapacidad o dificultad que tiene parte de la ciudadanía para acceder a los servicios y productos financieros en el mercado y con el objetivo de satisfacer sus necesidades y mantener una vida socialmente normalizada.
En su resolución, el Procurador pone de relieve que este tipo de exclusión financiera constituye “una preocupación creciente”, particularmente en el ámbito rural, donde se produce una progresiva eliminación de las oficinas de las entidades bancarias y sus cajeros, al tiempo que se suprimen los servicios con los que se pretendía suplir las consecuencias de ello, como eran por ejemplo las oficinas móviles operadas por las propias entidades bancarias.
Ante esta realidad, el defensor del pueblo autonómico se dirigió a las diputaciones de la Comunidad para pedir información sobre las iniciativas que llevan a cabo para que los ciudadanos afectados por la carencia de servicios bancarios cuenten con alternativas que cubran sus necesidades.
Una vez obtenida dicha información, pudo comprobar que todas ellas han iniciado medidas como promover que los ayuntamientos aporten edificios para cajeros o personal de entidades, licitar cajeros móviles o el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención y para cubrir necesidades como la de obtener dinero y pagar tributos a través de los carteros rurales a los que puedan acudir los vecinos, habilitar transporte a demanda que permita a los vecinos desplazarse a los lugares más próximos en los que poder hacer sus operaciones bancarias o promover el uso de las tarjetas y otros instrumentos de pago telemático previas acciones de formación, informa ICAL.
