Presidencia defiende el alto grado de cumplimiento de los compromisos de la Consejería

Ángel Ibáñez consejero de la Presidencia

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha comparecido esta mañana, a petición propia, en la comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento en la legislatura. El resumen de su intervención se plasma en el volumen de compromisos alcanzados por la Consejería, siendo el 90 % de las 49 grandes lineas de actuación que se fijaron al inicio de la X Legislatura y que el consejero presentó en la citada comisión.

Un grado de cumplimiento fruto de un trabajo constante en diversas materias, algunas con un carácter transversal inequívoco para la Junta de Castilla y León, y que vertebran el funcionamiento de la Administración en su conjunto.

En este sentido, el consejero ha expuesto el nivel de cumplimiento de los objetivos por departamentos, diferenciando temas esenciales o de mayor calado para la Consejería, y que ponen de relieve la vocación de protección del Gobierno de Mañueco, desde los servicios públicos hasta el mundo local.

FUNCIÓN PÚBLICA

El consejero, bajo la premisa de la seguridad jurídica y en permanente diálogo con las organizaciones sindicales, ha desgranado las numerosas acciones que se han llevado a cabo en estos dos años por la Administración, encaminadas a su estabilización y modernización. Para ello, ha destacado iniciativas pioneras como el I Plan de Igualdad de la Junta de Castilla y León, aprobado por unanimidad por las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha defendido los importantes esfuerzos por conseguir que la Comunidad cuente con un marco normativo completo y adaptado a su idiosincrasia. De esta forma, ha puesto en valor el trabajo de adaptación de la nueva Ley de Función Pública, cuyo texto ya se encuentra en fase de negociación colectiva, y se va a tramitar para que llegue a las Cortes antes de finalizar el año. O la nueva Ley de Cuerpos y Escalas, que ya se ha sometido a la fase de participación pública, con el fin de acompasar el empleo público a las titulaciones surgidas del Plan Bolonia y a la realidad del ejercicio de competencias autonómicas.

De igual modo, el consejero indicó que se está negociando el nuevo convenio colectivo del personal laboral, negociación que se prevé termine en noviembre para proceder a su inmediata tramitación. También el Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, que ya ha superado el trámite de audiencia pública y negociación colectiva.

Algunos hitos de especial relevancia alcanzados en el ecuador de la legislatura han sido la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, acometida en marzo de este año, para adaptarlas a las necesidades actuales. O el trabajo por la transparencia, que se ha visto refrendado por el cumplimiento total de los compromisos, con la puesta en disposición pública de numeroso datos e información en materia de empleo público.

Dentro de este bloque el consejero ha destacado especialmente uno de los retos más motivadores de la Consejería, y es el desarrollo de la evaluación del desempeño y la implantación de la carrera profesional de los empleados. “En esta Administración, el talento y el esfuerzo, como en toda organización que se precie, debe ser reconocido y compensado”. Así, indicó que el pasado día 10 de septiembre se ha publicado la Orden por la que se convoca el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional en su grado 1, con el objetivo de que su abono se pueda efectuar antes de que acabe el año y que para esta convocatoria supondrá 41 millones de euros.

Otro de los avances significativos en la modernización de la función pública es el relativo al acuerdo alcanzado para la distribución de los fondos adicionales, fruto también del diálogo y consenso con las organizaciones sindicales, que recoge la aprobación de un concepto retributivo para el personal al servicio del sector público, valorado en más de 24 millones de euros. O el concurso abierto y permanente, que se resolverá en el próximo mes de octubre con la incorporación de los empleados en enero de 2022 y en el que han participado cerca de 5.300 personas.

La digitalización de la Administración ha supuesto un punto importante en la comparecencia, indicando su relevancia en la transformación digital, proceso que se ha visto acelerado por la pandemia causada por el COVID-19. En este sentido ha destacado la puesta en marcha de la elaboración de un Decreto por el que se regula el certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Junta, y el trabajo que se está ultimando sobre el Decreto que regula el teletrabajo en la Administración sobre el que, una vez terminada la fase de negociación, se producirá su debate mañana mismo en el Consejo de Función Pública, según ha anunciado.

En relación con la captación y retención del talento joven, Ibáñez ha anunciado que en las próximas semanas suscribirá un convenio con las Universidades Públicas de Castilla y León, para dar la posibilidad a los más jóvenes de realizar prácticas en la Administración.

La estabilización del empleo público es uno de los pilares de trabajo de la Consejería en materia de Función Pública, tema que se encuentra de permanente actualidad y discusión a nivel nacional. En este sentido el consejero se ha referido a la reforma que pretende el Gobierno de España, y ha mostrado su preocupación en cuanto a que esta no preserve el pasado, y con él todo el talento que ya está al servicio de la Administración.  “No existen fórmulas mágicas, el empleo público solamente se estabiliza desarrollando una buena política de personal, y eso ocurre cuando las administraciones tenemos las herramientas necesarias para poder realizar una correcta planificación. Y mucho nos tememos que esto no va a ocurrir en la anunciada modificación normativa” aseveró Ibáñez.

Por el contrario, el compromiso de la Junta con la estabilización en el empleo público es total, y así lo suscriben los acuerdos firmados hasta la fecha con las organizaciones sindicales. En este sentido el consejero recordó que ya se han convocado 61 procesos selectivos con un total de 2033 plazas de estabilización. Además, anunció que se está trabajando para convocar el total de procesos del 17 y del 18 en este año y que se acumularán los procesos selectivos del 2019 y el 2020, así como la próxima aprobación, con el mayor consenso posible, de la oferta de empleo público de 2021.

En relación con la Escuela de Administración Pública, se ha referido al nuevo Decreto aprobado por el cual se regula la ECLAP, y que le atribuye la gestión de la selección de personas que integrarán el empleo público. Además, ha destacado el refuerzo de la formación con la firma de Convenios con las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la Comunidad, para la transferencia del conocimiento.

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