Álvarez Lama

Expresidente nacional de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) de 2007 a 2012. Agricultor, comerciante, cereales y fertilizante

Dos semanas desde que la agricultura, ganadería y el campo en general salió a manifestarse y a quejarse “con mucha razón” de la muy mala situación en la que se encuentran.
Vemos en las noticias que piden menos burocracia, ayudas, control de importaciones de fruta de Marruecos… y poco más.
Si de verdad quieren que mejore, sobre todo su economía, tienen que pedir esto:

AGRICULTURA
El peor problema que hoy tiene la bajada del precio del cereal, de 340 euros/Tonelada que cotizó el 2022 y parte de 2023, hemos pasado a 210 o 225 que se cotiza en la actualidad. ¿Por qué no se controla como se controló no hace muchos años por los Políticos Comunitarios?

La solución es hacer pagar Arancel a países Terceros como Brasil, Argentina, EE.UU. y Ucrania, entre otros, como se hizo anteriormente.
Por supuesto, hay que eliminar restricciones a herbicidas, suprimir el cuaderno de campo, subir los porcentajes de pago PAC que se nos ha ido quitando los últimos años.

GANADERÍA
La ganadería española ha sido siempre muy perjudicada por las normativas comunitarias. La avicultura “gallinas” no hace muchos años se le obligó a cambiar las jaulas por completo; jaulas nuevas con menos gallinas, no valían las jaulas viejas, muchas granjas cerraron por no poder financiar la nueva inversión.

Las que quedaron, ahora creo les quieren obligar a quitar las jaulas y que solo estén en el suelo. Con este nuevo sistema la capacidad de las granjas baja a un tercio o menos y la rentabilidad imposible.
Estas normativas han conseguido que los huevos suban al doble de precio que antes de la normativa.

El porcino le están viniendo normativas similares, aunque han llegado algo más tarde.
España exporta más de la mitad de la carne de cerdo que produce. Al vacuno y lanar les tienen aburridos de papeleos, guías, revisiones y normativas que no pueden cumplir. Todos estos ganaderos son perjudicados por las leyes animalistas; estos son un pequeño grupo de ciudadanos que, en democracia, si valen las mayorías, no podrían imponer ninguna ley, pero que Bruselas apoya y no sabemos por qué.

Los políticos españoles, especialmente el ministro de Agricultura y, a veces, el presidente, tienen la obligación de defender los intereses en Bruselas de agricultores, ganaderos y resto de españoles, y no como se ha hecho últimamente, poner todavía más normas que las que pone la Comunidad.

 

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