El Ayuntamiento destina 3,8 millones de euros para adquirir solares urbanos y destinarlos a la construcción de viviendas en régimen de protección pública, «en base al precio máximo fijado en la normativa de Castilla y León, que establece 340,31 euros por metro cuadrado», indicó el concejal de Contratación, Urbano Revilla.
Los pliegos que marcarán este concurso, «en el que se determina que el solar o solares deberán estar calificados como suelo urbano consolidado y estar libres de cargas y gravámenes, edificaciones, líneas aéreas o subterráneas o cualquier otro impedimento constructivo», indicó Revilla, han sido informados en la sesión de la Comisión Informativa de Contratación celebrada esta mañana.
Para poder optar a este proceso de licitación, los interesados deberán presentar una memoria descriptiva del solar ofertado (situación, superficie, calificación urbanística, servicios, accesibilidad…), escritura acreditativa de la propiedad, certificación registral, situación del planeamiento municipal en vigor y último recibo pagado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Esa reunión, celebrada de forma telemática, también se ha hecho lo propio con el contrato de la gestión y seguimiento de los contratos del suministro de energía eléctrica del Consistorio, que saldrá por un precio de 71.923 euros y un plazo de ejecución de tres años, y con la prórroga del servicio completo de soporte servidores, elementos de comunicaciones e infraestructuras de los diferentes Centros de Procesamiento de Datos (CPD) municipales.
Finalmente, y como es habitual, los integrantes de la Comisión conocieron los contratos suscritos desde la última celebración del órgano, que, en este caso, han sido cuatro y todos ellos menores de 15.000 euros. Más en concreto, estos son el servicio de mantenimiento de una red WiFi bajo la plataforma WIFI4EU (8.200 euros), el suministro de mobiliario para el equipamiento de la tercera Sala de Estudio del Centro Cultural Lecrác (8.523 euros), un espectáculo de flamenco para el Teatro Principal (4.800 euros) y el servicio de defensa jurídica para la representación del Ayuntamiento en un litigio (3.500 euros).

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