Cervera de Pisuerga será uno de los municipios beneficiados por el plan.
Imagen de archivo de Cervera de Pisuerga

El proyecto se llevará a cabo en Cervera de Pisuerga, La Pernía, Velilla del Río Carrión, Brañosera, San Cebrián de Mudá, Polentinos y Triollo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la formalización del convenio con el Instituto para la Transición Justa para la ejecución del proyecto ‘Depuración en Espacio Natural en la Montaña Palentina’.

El presupuesto total de las obras contempladas en él asciende a 4.390.421 euros y se desarrollarán en las localidades y municipios de Cervera de Pisuerga, La Pernía, Velilla del Río Carrión, Brañosera, San Cebrián de Mudá, Polentinos y Triollo. El dinero lo aportarán el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

Según el II Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio y la Junta  para el impulso económico de las comarcas mineras, el Instituto para la Transición Justa aportará 2.073.520 euros. Este dinero servirá para hacerse cargo del 75 % del coste global de las actuaciones que se desarrollen en los municipios de Cervera de Pisuerga, La Pernía, Velilla del Río Carrión.

Por su parte, la Consejería financiará el 25% restante en esos municipios y, se hará cargo del 100% del coste del proyecto en los municipios de Brañosera, San Cebrián de Mudá, Polentinos y Triollo. Por tanto, la Junta invertirá en las aguas residuales de la Montaña Palentina, un total de 2.316.901 euros. Además se ocupará de la contratación de los trabajos.

Un año de gestión

El convenio regulará las condiciones bajo las cuales se financiará, ejecutará y justificará la ayuda para la ejecución del proyecto de depuración de las aguas residuales en el espacio natural de la Montaña Palentina, proponiendo la solución más adecuada atendiendo a criterios de minimizar el impacto ambiental en la zona y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones.

La actuación incluye la explotación del sistema de depuración durante 12 meses, garantizándose así la puesta en marcha de las instalaciones antes de su entrega a las entidades locales, que serán las que más tarde tendrán que gestionarlas y hacerse cargo de su funcionamiento.

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