Un nuevo grupo de trabajo integrado en la Comisión de Hacienda estudiará posibles soluciones al «problema» de los reconocimientos extrajudiciales de obligación o crédito, que preocupa a la corporación municipal en bloque, incluido el equipo de gobierno, tal y como se refleja en los debates que se suceden en cada pleno. Todos los grupos han votado «sí» a la moción presentada por el grupo popular para usar esta figura prevista en el Reglamento Orgánico Municipal, de manera que una mayor participación de la oposición pueda poner orden en estas facturas que se pagan fuera del presupuesto aprobado.
En lo que no hay consenso es en las causas. Para la oposición, evidencia «mala gestión», mientras que el PSOE arguye que muchos de esos reconocimientos extrajudiciales aprobados en este mandato han dado salida a pagos pendientes del equipo de gobierno anterior.
En concreto, la moción aprobada, presentada por el grupo popular, recuerda que «el reconocimiento extrajudicial de crédito es un mecanismo comprendido en la legislación española para hacer frente a las obligaciones de pago cuando las administraciones no han llevado a cabo los procesos legalmente establecidos», pero su uso se ha convertido en «recurrente», lo que «ha desembocado en una situación económica delicada para el Ayuntamiento de Palencia».
Una crítica a la que el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, respondía. «¿Qué entiende por «delicada»? ¿No estarán hablando de la solvencia? Porque no voy a recordarles la liquidación del presupuesto del 2025″.
Baile de cifras, pero misma conclusión
Según la moción del PP, que leyó Sergio Abril, los reconocimientos extrajudiciales aprobados por el pleno fueron inferiores a 1,2 millones de euros en 2019, de 1,3 millones en 2020, de menos de 600.000 euros en 2021 y de 1,2 millones en 2022. Sin embargo, aseguran que esta cifra se disparó hasta los 2,5 millones en 2023, los 6,1 millones en 2024 y los 6,8 millones en 2025, el mayor importe de la última década. Además, señalan que en lo que va de 2026 ya se han aprobado 3,4 millones de euros, por lo que prevén cerrar el ejercicio con cifras similares a las de los dos últimos años.
Unas cifras que rebatió Carlos Hernández, asegurando que son incorrectos, remitiéndose a las cuentas de Intervención, que no cuadran, por ejemplo, en el ejercicio de 2021, con 834.712 en lugar de 600.000 euros, según las cuentas que leyó el titular de Hacienda, como tampoco en los siguientes años, en los que Hernández hizo hincapié en la «herencia» recibida del equipo de gobierno previo a julio de 2023.
En ese año, en el que el PSOE llegó a la Alcaldía, de los 2.544.228 euros «extra», casi la totalidad (2.277.585 euros) correspondieron a costes no presupuestados por el equipo de gobierno anterior. Mientras que en 2024, con un gasto extra de 5,9 millones (frente a los 6,1 que arguye el PP), hubo «306 facturas sin crédito» en los presupuestos del año 2023, que tuvieron que pagarse en ese ejercicio, ascendiendo a más de 1,5 millones de euros. Además, recuerda una factura de 842.355 euros por la gestión del agua potable del tercer trimestre del 2023 y otros ejemplos que justifican, según su versión, un problema heredado. «Tampoco es de nuestra responsabilidad. Eso lo heredamos todo. Acuérdense de aquellos plenos, que fueron terribles». Por último, alega que la cifra correspondiente a 2025 «es un error grave», ya que no es de 6,8 millones de euros, sino de 2,9.
Con todo, la oposición en bloque insta a mirar hacia adelante y encontrar una solución a través de esta nueva herramienta de participación, que será el grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda. Soluciones para ordenar los pagos extra «en tres cajones», según el símil que utilizó Sonia Lalanda, concejal no adscrita de la oposición. Un primer cajón para las facturas que se registran a finales de año, con el ejercicio ya cerrado; un segundo para las que abonan costes por prestación de servicios que no tienen un contrato en vigor, como sucede con el transporte urbano; y un «cajón número tres, que es el peligroso», porque agrupa pagos a proyectos y servicios no presupuestados inicialmente. «Y ahí es donde esta comisión debería proponer un procedimiento apra actuar y exigir responsabilidades a quienes nutren ese cajón tres».
Hernández recordó que parte del problema es el atasco en determinados contratos públicos, como el del transporte urbano, que está en vías de solución, a través del refuerzo de personal. «Si somos capaces de resolver el contrato de transporte, nos quitamos la mitad de los reconocimientos extrajudiciales. Estamos tratando de poner los medios».
