La Federación de Caza critica un auto “muy difícil de comprender” por el juez “se arroga facultades técnicas para fijar cupos, que es claramente una función que no es de su competencia”
ICAL
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó un auto de medidas cautelares por el que suspende la caza en la Comunidad de cinco especies cinegéticas: la becada, la agachadiza común, la agachadiza chica, avefría y silbón, que según informa la Federación autonómica de Caza “responden perfectamente a lo propuesto por SEO/Birdlife, que no ha pedido la suspensión cautelar de la Orden y que hubiese eliminado los cupos fijados sobre estas especies, sino que ha solicitado que el Tribunal fije los cupos adecuados”.
Esta petición ha sido estimada por el juez en una decisión “sorprendente”, porque se trata de un auto “muy difícil de comprender” al “arrogarse” el tribunal “facultades técnicas para fijar cupos, que es claramente una función que no es de su competencia”, sino de la Junta, según informó Ical. De hecho, el juez “ha fijado cupo 0, es decir, no se pueden capturar”.
El ente federativo apuntó que el “calvario judicial” que padece la caza en Castilla y León “desde hacía más de 15 años, y que “se paralizó tras el aparente blindaje de la actividad que se propuso por el legislador con la última Ley de Caza de 2021, vuelve a aparecer tras este auto de la misma Sala”.
En un comunicado recogido por Ical, la Federación “asume” que el sector ecologista y animalista “actual” presente continuos recursos contra cualquier normativa cinegética que “se emita a cualquier nivel”, si bien, “lo que ya no debiera ser admitido es que haya tribunales que siempre se ofrezcan con acogimiento a cualquier planteamiento que estos propongan, por estrambótico que pueda parecer al resto de los administrados”.
En este sentido, la Federación de Caza se pregunta qué criterios técnicos, “salvo los de parte que haya podido trasladar la representación de SEO”, ha utilizado el Tribunal para adoptar esta postura, “si no ha solicitado audiencia previa a la Junta de Castilla y León, autora de la norma, que es la que dispone de datos oficiales sobre estas especies y es, además, competente sobre esta materia”.
Así, la entidad federativa reprocha que “prevalezcan, una vez más, estos informes a los de funcionarios públicos, formados, titulados, con amplia experiencia de gestión y lo más importante, imparciales”. “La Ley los obliga a la preservación de estas especies y son responsables últimos de su conservación. Son, por tanto, también, los que han fijado esos cupos propuestos que garantizan la salvaguarda de las especies”, precisó el comunicado.
Recordó que la orden que establecía las medidas de protección “estaba documentada con informes y estudios que justificaban los cupos que se establecían para esas especies. De hecho, es una orden de medidas “para proteger las poblaciones de las especies, que recoge ya medidas de restricción a la caza, aunque no le parezcan suficientes al tribunal”.
“Sorprende, de igual forma, que se entre ahora en este tema, con un auto urgente de medidas cautelarísimas para prevenir daños irreparables sobre las especies, después de meses de publicación de la norma y con la temporada ya iniciada”, traslada la Federación, quien apunta a los “daños a la economía rural” y a los “intereses” de los titulares cinegéticos y cazadores por suspender la caza. “Esos, ¿cómo se recuperan y quién los paga?”, se preguntó.
Aprovechamientos ancestrales
Igualmente, subrayó que los aprovechamientos de estas especies son “ancestrales” y como en todas las aves migratorias hay fluctuaciones en sus poblaciones, con lo que la Federación rechazó que se haya comprometido su conservación. “Se adoptan medidas y se fijan cupos que se proponen desde Europa, pero ninguna administración competente en la materia ha propuesto la prohibición de su caza. Ahora, parece que cualquiera puede plantear lo que sea de su estricto interés y es posible que sea aceptado por la administración judicial, como en este caso”, lamentó.
Por ello, la entidad estudia la presentación de alegaciones para contestar a este auto por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, la competente en caza. También, se valora “cualquier aspecto que pueda ayudar en la fundamentación de las mismas e incluso personarse en la causa como perjudicados”. Aunque a día de hoy no se ha publicado ninguna prohibición de caza de estas especies en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Dirección General de Caza y Pesca ya ha informado de que está comunicando este cupo cero de forma individual a cada titular de coto, con efecto desde hoy mismo, y ruega la máxima difusión entre los cazadores.
“Algo tiene que cambiar de forma estructural. No es posible que, año tras año, el colectivo de cazadores tenga que sufrir a las minorías de siempre y sus influencias en Europa, en el Estado y con algunas ramificaciones incluso en la Justicia”, sentenció la Federación.
