De la Fuente, minutos antes de su intervención

La vicepresidenta de la Diputación pone los ojos en el fuero de Brañosera como ejemplo de que es posible la repoblación con incentivos

La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia y miembro de la Comisión de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), María José de la Fuente,  ha reivindicado la incorporación de la ‘perspectiva rural’ en la elaboración de normas y la financiación y fiscalidad diferenciada como dos cuestiones que se deben presidir el debate el nacional para poder afrontar con éxito el reto demográfico.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una conferencia impartida esta mañana en el V Congreso sobre la Despoblación organizado por el Diario de León en el marco de su club de prensa.

Durante su intervención ha aludido a que en los últimos años han sido 1.400 más las personas que han llegado a Palencia que las que se han marchado y, pese a ello, la provincia sigue perdiendo población a causa de un crecimiento vegetativo negativo. Ha asegurado que es posible afrontar este desafío, tal y como lo demuestra la historia que cuenta que cómo hace 1.200 años se repobló una España que tuvo en Brañosera su primer ayuntamiento mediante incentivos para atraer habitantes.

Galletas Gullón colabora en la celebración del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera

Para poder avanzar en este desafío, ha planteado dos reivindicaciones. “La primera de ellas tiene que ver con la financiación. Si reconocemos que la dispersión territorial y el tamaño de los municipios condicionan la prestación de servicios, hemos de adoptar un marco de financiación que tenga en cuenta esta realidad. Debemos llevar a la práctica algo tan evidente como que cada competencia tenga su reflejo presupuestario”, ha explicado.

La segunda reivindicación nacional, ha añadido, pasa por las normas. “Hago un llamamiento a incorporar la “perspectiva rural” en todas ellas. Hasta ahora, los avances que hemos conocido son muy modestos. Estas semanas han sido las del Anteproyecto de Ley del Gobierno de España para establecer un estatuto especial para los municipios de menor población. Esta idea que, a priori, puede parecer imprescindible, se queda en una mera simplificación administrativa”

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