La Corporación considera necesario mejorar la planificación legislativa para evitar que la adaptación tardía de la normativa europea traslade una presión innecesaria a empresas, trabajadores y profesionales encargados de su aplicación
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia, ante la próxima entrada en vigor del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, considera necesario poner de manifiesto la relevancia que esta norma tendrá para empresas, personas trabajadoras y profesionales encargados del asesoramiento y gestión de las relaciones laborales, indican en un comunicado de prensa.
El Real Decreto incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, reforzando las obligaciones empresariales de información sobre distintos aspectos esenciales de la relación laboral.
Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia valoran cualquier avance que contribuya a mejorar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de las relaciones laborales, objetivos que benefician tanto a las personas trabajadoras como a las empresas y que forman parte de una evolución necesaria de nuestro marco regulador.
No obstante, entienden que resulta igualmente necesario realizar una valoración crítica sobre los tiempos con los que España está incorporando determinadas obligaciones procedentes del ámbito europeo.
La Directiva que ahora se transpone fue aprobada en 2019, por lo que su adaptación parcial a nuestro ordenamiento se produce varios años después. Esta circunstancia debería servir para abrir una reflexión seria sobre la necesidad de mejorar la planificación normativa, la anticipación legislativa y la coordinación institucional.
La adaptación de la legislación laboral al Derecho de la Unión Europea «no puede abordarse de forma sistemáticamente tardía ni concentrarse en periodos reducidos de tiempo, porque las consecuencias de esa falta de anticipación terminan trasladándose directamente a quienes deben aplicar las normas en la práctica».
Graduados Sociales, departamentos de recursos humanos, asesores laborales, empresas, administraciones y demás profesionales implicados, señalan, «necesitan disponer de plazos razonables, criterios claros y suficiente seguridad jurídica para analizar cada modificación, adaptar contratos, procedimientos y sistemas internos, informar correctamente a empresas y trabajadores y garantizar una aplicación adecuada de las nuevas obligaciones».
De lo contrario, avanzan que alterarán la organización ordinaria de los despachos profesionales y departamentos técnicos, obligarán a revisar de forma inmediata numerosos procedimientos y con una carga adicional que «podría reducirse notablemente con una mayor previsión por parte de los poderes públicos».
Por ello, desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia consideran necesario que el Gobierno y los órganos competentes en materia legislativa refuercen la planificación y anticipación de los procesos de transposición y adaptación normativa, especialmente cuando se trata de disposiciones europeas conocidas con años de antelación.
«No se trata de cuestionar la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias europeas, sino precisamente de hacerlo mejor: con tiempo, diálogo, planificación y teniendo en cuenta la realidad de quienes posteriormente deben convertir esas normas en procedimientos laborales aplicables en miles de empresas».
