La Policía Local intercepta a un joven con un Vehículo de Movilidad Personal asimilado a un ciclomotor, sin haber sacado la preceptiva licencia
Más potente o más rápido no siempre son significado de más ventajas. Así lo ha comprobado un palentino que ha sido puesto a disposición de un juez por un presunto delito contra la seguridad del tráfico porque lo que creía o decía conducir no era lo que conducía por Palencia. Y además, no había sacado nunca el permiso necesario, en este caso la preceptiva licencia para estar a sus mandos.
¿Un poco lioso? Lo explicamos. Es cierto que para ser usuario de un patinete eléctrico, un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), no es necesario por ahora, sacarse o estar en posesión de ningún tipo de documento. Se asimila a una bicicleta. Eso sí, siempre que por su construcción no circule o pueda circular a más de 25 kilómetros por hora.
Y es, precisamente eso, lo que no cumplía el patinete eléctrico con el que un palentino circulaba ayer por la avenida Comunidad Europea de la capital. Porque el suyo no era un patinete eléctrico al uso, sino uno un poco más ‘pepino’. Es decir, que podía desarrollar, por fabricación hasta los 45 kilómetros por hora.
Así que cuando los agentes de la Policía Local lo vieron “circulando a 45 km/h” sospecharon que el VMP era un VMP supermusculado, con lo que deja de ser un patinete normal para convertirse en algo asimilado a un ciclomotor, como lo son también los cuadriciclos ligeros o microcars. Y en ese caso, sí es necesario y preceptivo estar en posesión, al menos, de una licencia de circulación, para la que hay que pasar por la autoescuela o por Tráfico, o ser poseedor de un carné de conducir superior.
Algo que, según los agentes, este palentino de 20 años no cumplía. Por ello, la Policía Local lo presentó ante el Juez como investigado como “autor de un presunto delito contra la Seguridad Vial al circular con un VMP asimilado a ciclomotor y no haber obtenido nunca permiso o licencia de conducir”. El vehículo fue primero inmovilizado y posteriormente retirado al depósito municipal.
El joven podría enfrentarse a penas “de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días”, tal y como establece la ley.
