El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado en sesión extraordinaria su presupuesto para 2022, cuyo importe asciende a 80.625.453 euros, el 10,35% más que en el actual ejercicio de 2021, documento que ha salido adelante con el respaldo del equipo de gobierno, del Partido Popular, y el voto en contra del PSOE, Ciudadanos y el diputado del Grupo Mixto-Ganemos Palencia.

En una primera aproximación por áreas de inversión y gasto, la Diputación destinará en 2022 algo más del 32% del presupuesto a las áreas de infraestructuras, el 28% a servicios sociales, más del 22% a fomento de empleo y desarrollo socioeconómico y el 8% al apoyo a la gestión de los municipios del medio rural. Estas cuatro grandes áreas suman el 91% del gasto total, que se completaría con la propia administración provincial y gobierno de la institución (5%) y se emplea en la amortización de deuda (4%), que actualmente no llega a quince millones de euros, lo que representa poco más del 23% de sus ingresos corrientes anuales.

El incremento de los programas de carácter social y de apoyo al medio rural, mediante un aumento de las inversiones en mayor proporción que el incremento general, son los dos grandes pilares del presupuesto, con el triple objetivo de fomentar la economía para la recuperación del tejido productivo y de los empleos de la provincia, con singular atención a los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus; afrontar el reto demográfico e impulsar un desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental. Así lo defendió en el debate la portavoz del Grupo Popular y diputada delegada del Área de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó el compromiso con la recuperación económica y social que representa este documento expansivo en el actual escenario de incertidumbre e inestabilidad de los ingresos, como consecuencia de la situación de pandemia y su repercusión en la marcha de la economía. Asimismo, valoró el «sentido social y rural» del presupuesto, que intenta afrontar los nuevos retos «desde la realidad de las competencias de cada administración».

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