La formación critica la falta de supervisión de las administraciones en la concesión de subvenciones a la asociación, que dejó de publicar sus cuentas en 2016.
Izquierda Unida de Castilla y León ha mostrado su profunda preocupación por la detención de Milagros Carvajal, exconcejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia y responsable del área de Mayores entre 2011 y 2015, junto a su hija, en el marco de la investigación judicial por la presunta malversación de fondos en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Palencia. El procedimiento, iniciado en 2025 por la Fiscalía, apunta a un posible desvío de recursos públicos destinados a la atención de personas en situación de especial vulnerabilidad hacia fines privados.
Cabe señalar que, como ha publicado hoy Diario Palentino, ambas han quedado en libertad con cargos.
Desde la formación de izquierdas han denunciado que este caso pone en evidencia las carencias del sistema de control sobre entidades que gestionan dinero público. AFA Palencia ha recibido financiación de distintas administraciones, «entre ellas la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia, ambas gobernadas por el PP durante el periodo objeto de investigación». En este sentido, IU considera «inadmisible que una entidad declarada de Utilidad Pública desde 2017 haya dejado de publicar sus cuentas y memorias anuales desde 2016 sin que la Junta haya activado mecanismos de supervisión eficaces».
El coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, concejal en el Ayuntamiento de Palencia durante el tiempo que Carvajal fue edil de Mayores, ha subrayado que “la Junta no puede limitarse a conceder subvenciones sin garantizar el control del dinero público. Este caso evidencia fallos graves en la fiscalización de las ayudas otorgadas a una asociación presidida por una persona vinculada al PP de Palencia”.
Ante esta situación, Izquierda Unida de Castilla y León exige la realización de una auditoría externa e independiente de todos los fondos públicos recibidos por AFA Palencia, así como la fiscalización detallada del destino de los mismos. La organización defiende que todas las entidades que reciben subvenciones deberían someterse a este tipo de controles de forma anual y que las administraciones tienen la obligación de supervisarlos rigurosamente.
Asimismo, la formación ha advertido de que, de confirmarse los hechos, «exigirán responsabilidades políticas a quienes hayan concedido estas subvenciones sin la debida fiscalización, al considerar que existe un problema político derivado de la relación entre la exconcejala del PP y las administraciones gobernadas por su partido».
En su comunicado, IU ha querido trasladar su apoyo a las familias, profesionales y personas usuarias de la asociación, a quienes consideran los principales perjudicados por esta situación. “Utilizar una asociación de familiares de Alzheimer con ánimo de lucro es una muestra de desprecio hacia los más vulnerables”, han señalado.
Finalmente, Izquierda Unida insiste en que este caso demuestra la urgencia de fortalecer una red pública de cuidados, con gestión directa, transparencia y control democrático, que evite la dependencia de modelos externalizados sin supervisión suficiente. “Cuando los servicios esenciales dependen de estructuras con escaso control, aumenta el riesgo de situaciones como esta. La solución pasa por reforzar lo público”, concluyó Gascón.
