Las entidades locales fallan en aplicar el cupo de plazas para personas con discapacidad en los procedimientos de estabilización de empleo temporal
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aseguró hoy que las entidades locales de la Comunidad cumplen, con carácter general, la regulación prevista para los procedimientos de estabilización de empleo temporal, con las diferentes pautas y plazos de publicación, convocatoria de plazas y resolución de los procesos. No obstante, el Consejo observó distintas incidencias. Por ejemplo, no se aplicó el cupo de plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad y se establecieron criterios para el caso de desempate, en su caso, siendo predominante el de haber prestado los servicios en la propia entidad convocante. También se registraron desviaciones relevantes en las bases de las convocatorias.
Amilivia también recomendó a las entidades locales el establecimiento de una ponderación razonable de los méritos en la fase de concurso entre la administración convocante y otras administraciones.
Mario Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León dos informes sobre fiscalización de los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales, debido a la gran relevancia que han tenido estos procesos. A través de distinta normativa estatal se pretende situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del ocho por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas. La estabilización de empleo temporal afecta tanto a plazas de funcionarios como de personal laboral.
El primer informe realizado incluyó 20 entidades, con 15 ayuntamientos de cinco tramos diferentes de población, tres diputaciones (Salamanca, Soria y Zamora) y dos entes dependientes de la última de ellas. En conjunto, fueron ofertadas un total de 966 plazas. El segundo trabajo analizó 22 entidades con otros 15 ayuntamientos de diferentes tramos poblacionales (entre ellos los de las capitales de León, Soria y Zamora, otras tres diputaciones: Ávila, Burgos y Palencia, y cuatro entes dependientes o adscritos de la primera de ellas. Con una oferta, en total, de 2.096 plazas.
De forma agregada, la fiscalización revisó los procesos de estabilización de un total de 36 entidades locales, más seis entes adscritos o dependientes, con una oferta global de 3.062 plazas. La auditoría se refirió al periodo comprendido entre los ejercicios 2022 y 2024. El 68 por ciento de las plazas de los procesos analizados conjuntamente en ambos informes (2.089 del total) se ofertaron conforme a la Ley 20/2021. Sólo nueve entidades locales (cinco ayuntamientos y cuatro diputaciones) los llevaron a cabo en virtud de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, incorporando además muchas de estas plazas a los procesos de la ley posterior, al no haberse convocado.
En lo que se refiere al número de plazas ofertadas, destacó el Ayuntamiento de León, con 417, y las diputaciones de Salamanca y Ávila, con más de 150 cada una. Entre los ayuntamientos más grandes analizados, destacaron los de Aranda de Duero y Laguna de Duero, por encima de las 100 plazas ofertadas cada uno, seguidos de los de Benavente, Candeleda y Soria, en torno a 80 cada uno de ellos.
El área predominante al que correspondieron las plazas fue el de servicios sociales, con un porcentaje superior al 30 por ciento del total. La práctica totalidad de las plazas ofertadas fueron convocadas por la Ley 20/2021. Entre los dos procedimientos previstos se acudió mayoritariamente al sistema selectivo de carácter excepcional. En torno a un 86 por ciento de las plazas, es decir, 1.819 sobre un total de 2.110, se convocó por el sistema de concurso, frente a un 14 por ciento por concurso-oposición.
A la vista de ambos informes, Amilivia subrayó que la tasa de temporalidad estructural se redujo de forma “destacada” tras la estabilización en la mayor parte de las entidades. Así, en torno a un 35 por ciento de ellas (14 concretamente) bajó del límite legalmente establecido en el ocho por ciento.
En capitales de provincia, León redujo la tasa 22 puntos porcentuales hasta quedarse en un 7,5 por ciento y Soria, 25 puntos hasta un 7,6 por ciento. Zamora, a pesar de reducir 10 puntos, quedaba sin cumplir el objetivo, con un 11,7 por ciento.
En cuanto a las diputaciones, mantienen aún una tasa elevada de temporalidad. Por ejemplo, la de Salamanca, un 30,5 por ciento y la de Burgos, con un 23 por ciento, apenas se había reducido. La de Palencia, por su parte, que pasó del 36,6 por ciento al 13,3 por ciento, aprobó un plan plurianual de empleo para poder cumplir el objetivo.
Amilivia recomendó con relación a ambos informes el establecimiento de una ponderación razonable de los méritos en la fase de concurso entre la administración convocante y otras administraciones. También, la fijación de una puntuación mínima en la fase de oposición de procedimientos de selección con ejercicios no eliminatorios, así como la justificación de manera explícita en la convocatoria del cumplimiento de los requisitos jurídicos más relevantes.
