González Gago y Armisén apuestan por adaptar la financiación y la normativa a la realidad del medio rural
ICAL
La Junta de Castilla y León incrementará la financiación destinada a los municipios, reforzará las ayudas a las mancomunidades y ampliará al apoyo a los bares rurales para que puedan incorporar pequeñas tiendas de productos básicos, al tiempo que reclamará al Gobierno central una reforma de la financiación local y la aprobación del Estatuto del pequeño municipio.
Así lo anunció hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras mantener una reunión con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Ángeles Armisén, en un encuentro en el que ambas partes repasaron las principales necesidades del municipalismo de la Comunidad.
González Gago explicó que existe un compromiso del Ejecutivo autonómico de incrementar el Fondo de Cohesión Territorial, destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y precisó que dejará de permanecer congelado en los 20 millones de euros con los que se consolidó tras la pandemia.
El consejero recordó que este fondo nació como una ayuda extraordinaria durante la COVID-19 y posteriormente pasó a ser permanente, aunque “desde el año 2022 estaba congelado”. A partir de ahora, anunció, “se actualizará anualmente en la misma cuantía que se actualiza el resto de fondos”, de cooperación económica local que gestiona la Consejería.
Además, avanzó una mejora de las ayudas a los bares rurales. Según explicó, a partir de 2027 al intención es añadir otros 3.000 euros destinados a sufragar los costes de Seguridad Social del titular del establecimiento, siempre que el bar incorpore como segunda actividad una pequeña tienda de productos no perecederos.
El consejero defendió que esta medida permitirá que estos establecimientos sean también puntos de abastecimiento para los vecinos. “No solo obtengan allí ese centro de ocio de compartir su vida social, sino que en un momento de necesidad puedan tener allí esos productos que siempre son tan necesarios”, señaló.
El comercio en municipios de menos de 500 habitantes tendrá un plus en Palencia
Durante la reunión, explicó que también abordaron la situación de los secretarios interventores, de administración local. En este sentido, González Gago aseguró que la Junta seguirá impulsando las bolsas de interinos para cubrir con rapidez las vacantes que se produzcan por jubilaciones o ausencias, además de incrementar el apoyo económico a las diputaciones para mantener los servicios de asistencia a municipios.
El consejero también aprovechó para reiterar dos reivindicaciones al Gobierno de España. En primer lugar, una reformar de la financiación local vinculada a la autonómica y por otro lado, la aprobación del Estatuto del pequeño municipio.
A su juicio, “no es normal” que un ayuntamiento de apenas 70 habitantes deba afrontar las mismas exigencias administrativas, presupuestarias y de contratación que otro de 20.000 vecinos, por lo que defendió una mayor flexibilización normativa para las entidades locales de menor tamaño.
Respaldo de la FRMP
Por su parte, la presidenta de la FRMP valoró los compromisos adquiridos por la Junta y consideró que el incremento del Fondo de Cohesión Territorial supone “una buena noticia para el municipalismo”. También respaldó el refuerzo de las ayudas a los bares rurales al considerar que estos establecimientos son “mucho más que un espacio de ocio”.
“Estamos siempre pensando en las personas que residen en estos municipios”, afirmó, antes de destacar que la incorporación de pequeñas tiendas supondrá “una nueva garantía para el abastecimiento de la población y sobre todo de la población mayor”, dijo
La presidenta de la Federación y la Diputación de Palencia trasladó a la Consejería la necesidad de desarrollar cambios normativos que permitan compartir personal y servicios entre varios ayuntamientos de pequeño tamaño. En este sentido, explicó que la propuesta pasa por facilitar fórmulas de gestión colaborativa para que varios municipios puedan disponer, por ejemplo, de un mismo administrativo u otros empleados públicos, reduciendo costes y mejorando la prestación de servicios.
También insistió en la necesidad de que el Gobierno cubra las plazas de habilitados nacionales, al recordar que, aunque Castilla y León ha resuelto las vacantes mediante bolsas de interinos, “esa competencia nacional” corresponde al Estado. “Habrá que ponerse las gafas de lo rural también los legisladores”, concluyó Armisén, quien defendió que las normas incorporen una “perspectiva rural” para responder a las necesidades específicas de los municipios con menor población.
