El Pleno del Ayuntamiento examinó la Cuenta General de 2025, la «fotografía» contable que detalla cómo se gastó el dinero público en el municipio durante el pasado ejercicio. Aunque la liquidación oficial salió adelante, el debate dejó al descubierto la fragilidad financiera del Consistorio: las facturas pendientes de aplicar al presupuesto crecieron un 33,54% hasta rozar los 6 millones de euros, la plantilla municipal bajó de 562 a 549 trabajadores y lo recaudado por tasas como el agua o la basura no alcanza a cubrir lo que realmente cuesta prestar el servicio.
El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, puso el foco en los desajustes estructurales que comprometen la sostenibilidad municipal, destacando el desfase entre los ingresos fiscales y el coste real de los servicios. «Hay un desfase muy importante entre rendimientos y costes de alcantarillado y depuración —2,99 millones frente a 4 millones— y en la recogida de basuras —2,5 millones frente a 4,23 millones—, lo que a medio plazo se está convirtiendo en insostenible», advirtió el edil socialista, quien además defendió la prórroga presupuestaria para 2027 si no se alcanza un acuerdo firme con los grupos.
El concejal del Partido Popular Sergio Abril censuró la baja ejecución de los fondos y el deterioro en la gestión de los recursos públicos. Abril aseveró que «dicha cuenta general se caracteriza por una baja ejecución del presupuesto y por una disminución de los ingresos tributarios, reflejando una situación pobre de gestión local con unos servicios deficitarios en su inmensa mayoría», afeando al equipo de gobierno que renuncie a presentar un nuevo proyecto presupuestario y prefiera abocar a la ciudad a la prórroga.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín, centró su intervención en el recorte de la plantilla municipal y en el notable incremento de los gastos pendientes de imputar al presupuesto. San Martín cuestionó la gestión de personal señalando que «la media de personal ha pasado de 562 personas a 549; se nos dice constantemente que los servicios están mal y resulta que no los estamos dotando de personal».
Sin contrato, pero con facturas
En segundo lugar, el debate se trasladó al Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones nº 8/2026, volcado casi íntegramente en la cobertura del transporte urbano. El expediente aprobó el pago de 428.062,22 €, de los cuales 425.902,05 € correspondían a facturas del servicio de autobuses, cuyo contrato caducó en febrero de 2024 sin que se haya licitado la nueva concesión. Frente a los reproches de la oposición por el incumplimiento de las normas de contratación y los reparos de Intervención, el concejal de Hacienda precisó que «el Pliego de Prescripciones Técnicas ya está hecho y falta el pliego de cláusulas administrativas» para su salida a contratación.
A continuación, la sesión examinó el resto de reconocimientos extrajudiciales, correspondientes al REO 7/2026 —para abonar 37.947,94 € por suministros de gas con contratos vencidos— y al REO 9/2026 —relativo a 159.457,63 € distribuidos en 24 facturas de Cultura, Fiestas y Turismo—. La acumulación de facturas sin crédito ni contrato previo suscitó duras críticas de la oposición, llevando al edil popular Sergio Abril a remarcar que «alcanzamos la cifra de los 4 millones de euros en lo que va de año en reconocimientos extrajudiciales, lastrando el presupuesto anual».
Finalmente, el Pleno dio el visto bueno a la modificación presupuestaria nº 28/2026, que moviliza 1,67 millones de euros entre suplementos y créditos extraordinarios procedentes de remanentes y desviaciones de financiación. Estas partidas permitirán financiar inversiones como la sustitución de ascensores y ventanas en las Antiguas Canónicas (165.000 €), la climatización de centros de mayores (107.558 €), la renovación de instrumentos para la Banda Municipal (30.000 €) y la reparación de colectores y pavimentos en varias vías (más de 600.000 €). Pese a las quejas por la falta de diálogo previo, el expediente salió adelante con los votos a favor de PSOE y Curiel y la abstención del resto de la corporación.
Apoyo a Ceuta
La corporación también abordó la situación en la ciudad autónoma de Ceuta mediante el debate conjunto de dos mociones presentadas por el PP y el PSOE, tras haber decaído la posibilidad de consensuar una declaración institucional unánime por el rechazo de Izquierda Unida-Podemos. La iniciativa del Grupo Popular, enfocada en la defensa de la soberanía nacional, el refuerzo de la seguridad fronteriza y la ejecución de retornos inmediatos de inmigrantes a Marruecos, salió adelante con la única oposición de IU-Podemos.
Por su parte, la moción socialista para transmitir solidaridad institucional al pueblo ceutí y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue igualmente aprobada, tras un intenso cruce de reproches entre los concejales sobre las políticas migratorias y la responsabilidad en el control de las fronteras.
