48 horas después de darse a conocer la sentencia, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado públicamente que el Ayuntamiento presentará recurso contra el fallo del juez que anula el cese de la secretaria municipal y ordena su reincorporación al puesto. La regidora ha afirmado que respeta la resolución judicial, aunque ha dejado claro que no la comparte y que le genera «estupor y preocupación».
En paralelo a estas declaraciones, el Ayuntamiento ha remitido un comunicado en el que insiste en que la resolución de cese estaba “motivada” conforme a la normativa aplicable en los nombramientos de libre designación, subrayando que el puesto permite el cese discrecional siempre que exista una justificación vinculada al desempeño profesional.
La alcaldesa ha comentado que el decreto de cese se sustentaba en dos cuestiones que, a su juicio, justificaban la pérdida de confianza técnica. La primera estaba relacionada con varios requerimientos remitidos por el Procurador del Común al Ayuntamiento. Según ha explicado, esos cinco requerimientos se produjeron entre abril y julio de 2024 y asegura que no tuvo conocimiento de ellos hasta noviembre de ese mismo año. Andrés ha sostenido que la secretaria general intervino en ese expediente.
«La demanda de la propia secretaria general habla de su intervención en ese expediente», ha afirmado. «En cambio, el juez dice que la secretaria general no intervino y que esa comunicación que hizo la secretaria general al procurador del común fue una comunicación informal o equívoca. ¿Me está diciendo que un juez habla de una comunicación informal o equívoca? ¿Qué certeza jurídica es esa? Porque lo que es el hecho probado y está en el expediente es que la secretaria general, cuando contesta al procurador del común, dijo: tras los reiterados requerimientos… Por lo tanto, Si ella no conocía esos requerimientos, no puede contestar al procurador del común diciendo tras los reiterados requerimientos», ha señalado.
La segunda cuestión que motivó el cese hacía referencia a una declaración de bienes de la concejala popular Laura Lombraña. En concreto, ha asegurado que existe una declaración fechada en domingo y que, según sostuvo, fue recibida fuera de las dependencias municipales. «Me causa estupor ese silencio judicial sobre un asunto tan grave», ha afirmado.
El comunicado municipal también se detiene en este punto y sostiene que dicha declaración fue presentada fuera del registro habitual del Ayuntamiento y que no fue incorporada al expediente administrativo ni publicada en la sede electrónica, manteniendo la anterior declaración de 2023. El Consistorio insiste en que la sentencia no entra a valorar de forma suficiente este extremo, que considera relevante dentro de la motivación del cese.
La regidora ha reconocido que ninguna norma establece expresamente que corresponda al secretario general publicar este tipo de documentación, pero ha insistido en que el problema radica en que la declaración no fue incorporada al expediente administrativo correspondiente.
«Eso de que la haya metido en un cajón no deja de ser un comentario gratuito de la alcaldesa, dice el juez. No señor, eso es un hecho probado porque lo metió en un cajón, no se subió al expediente administrativo», ha manifestado. «Y qué casualidad que, habiendo un expediente electrónico administrativo, la única declaración de bienes que falte sea la de esta concejala. Qué casualidad que la única declaración de bienes no subida a un expediente administrativo de cese ya de legislatura de 2023 sea la de esta concejala. Es decir, muchos errores sobre una misma concejala», ha añadido.
Por todo ello, ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia. «Recurso, por supuesto, pero además con todas las ganas», ha afirmado, antes de reiterar que sigue defendiendo «la legalidad, la razón y la verdad» que, según ha sostenido, motivaron el cese.
Preguntada por la situación actual de la funcionaria, Andrés ha indicado que continuará desempeñando el puesto que ocupa en la actualidad y ha recordado que la sentencia todavía no es firme. En este sentido, ha señalado que corresponderá a los tribunales decidir si procede o no una eventual ejecución provisional mientras se resuelven los recursos que puedan presentarse.
