Presentará una PNL en las Cortes para acabar con esta situación, cumplir los plazos de la nueva ley y convocar las mesas técnicas en CyL

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha pedido al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y al «lenguaraz» e «incontinente» vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que aclaren el plan del Gobierno regional ante la «excesiva temporalidad» en la función pública.

Así lo ha señalado el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Luis Briones, en una rueda de prensa en la que ha censurado el «silencio» de Ibáñez, consejero del ramo, ante los fallos judiciales que han evidenciado esta situación en el conjunto de España y el real decreto aprobado por el Ejecutivo central para corregirla.

Briones ha recordado que ya en febrero los socialistas pidieron la comparecencia de Ibáñez en las Cortes para explicar las intenciones de la Junta, la cual no ha sido atendida, por lo que ha apuntado hacia el portavoz de la Junta, quien al aprobarse el real decreto del Gobierno central salió «a desbarrar y a criticarlo todo» afirmando que era «el peor acuerdo posible».

Ante esto, lo ha emplazado a ser él quien explique la postura del Ejecutivo autonómico, ya que «habla de todo y no sabe nada».

El procurador socialista ha criticado que la Junta no haya «querido abordar hasta ahora» la temporalidad en la Administración, a pesar de las mencionadas sentencias sobre el «abuso» de esta práctica y la «urgencia» de «dar una respuesta» desde los poderes públicos.

También ha criticado Briones que Castilla y León no haya defendido «ninguna postura» en las reuniones sectoriales en Madrid sobre esta cuestión, mostrándose como una «convidada de piedra» que sigue instrucciones que «más parecen» dictadas desde la calle Génova «que desde Valladolid».

Ante esta situación, Luis Briones ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno de España y ratificado por el Parlamento nacional para ser tramitado como proyecto de ley, pero ha criticado que «casi sin tiempo de leerlo», el «erudito» Igea ya saliera «a criticarlo».

«Es lo más fácil, a pesar de que la Junta lleva 30 años sesteando sobre esta cuestión», ha lamentado el portavoz socialista de Presidencia, el cual ha recordado que «más de un 30 por ciento» de los empleados públicos de la Administración regional «son temporales».

BAJO EL «MANTÓN DE MANILA» DE AYUSO

Tras lamentar que Cs y PP votaran en contra de este decreto, ha recordado que tendrán la «oportunidad» de presentar sus propuestas alternativas durante la tramitación del proyecto de ley, aunque ha augurado que tanto Igea como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «seguirán escondiéndose bajo el mantón de Manila» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Ni propuesta ni soluciones», ha rechazado Briones, quien ha simplificado la actitud de la Junta en una «crítica superlativa y permanente» al Gobierno de la nación para «tapar su falta de alternativas» y tratar de obtener así réditos electorales.

Frente a ello, los socialistas han registrado para su debate en la Comisión de Presidencia de las Cortes una proposición no de ley (PNL) consistente en tres puntos que pasan por «apoyar al Gobierno de España» en su objetivo de acabar con la excesiva temporalidad en el empleo público –con el objetivo de situarla en el ocho por ciento en 2024–, impulsando la negociación colectiva; cumplir «diligentemente» con los plazos que se deriven del proyecto de ley que apruebe el Congreso, y convocar mesas técnicas y de negociación específicas sobre el proceso de estabilización en Castilla y León tanto con los sindicatos de la función pública como con los ayuntamientos de la Comunidad a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), según ha explicado la portavoz de Función Pública del Grupo Socialista, Yolanda Sacristán, quien ha acompañado a Briones en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del Parlamento regional.

Sacristán ha pedido a la Junta que haga su trabajo y deje «de ser un freno para la Comunidad», después de recordar que «más de 35.000 trabajadores» se encuentran en esta situación en Castilla y León, alguno de ellos encadenando contratos «incluso desde hace 30 años».

Además, la política socialista ha advertido a la Junta de que debe atender esta situación «con fondos propios» y no con los recursos extraordinarios que van a llegar de Europa para la reconstrucción tras la pandemia.

Yolanda Sacristán ha criticado que, a fin de que no se vean afectados por la nueva normativa que se tramita a nivel nacional, la Consejería tenga ahora «extraña celeridad» en convocar nuevos procesos de contratación que llevaban pendientes «desde 2017 y 2018».

«Es evidente que el consejero tiene ahora mucha prisa en convocar nuevos procesos después de haberse pasado la legislatura contando nubes», ha lamentado Sacristán.

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