Calle Jardines
Calle Jardines

Solicitan informes a Intervención y Secretaría sobre la sentencia y si fuera legalmente posible que la Diputación condonara parte de la deuda

Lo que pocos podrían esperar, que grupos políticos tan opuestos como PSOE, Ganemos y VOX se pusieran de acuerdo en algo, se ha logrado en el caso de la calle Jardines en el Ayuntamiento de Palencia. Un contencioso entre el Consistorio de la capital y la Diputación de Palencia, en el que el que los jueces han dado la razón a la Diputación y sobre el cual la ciudad deberá compensar con 26,8 millones de euros.

Los grupos municipales de PSOE, VOX y Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia han solicitado a los servicios de Intervención y Secretaría del Consistorio que se emitan sendos informes relativos al cumplimiento de la sentencia de la Calle Jardines.

Los tres grupos de la oposición han registrado estas demandas con el fin de conocer las diferentes posibilidades de ejecutar la resolución judicial de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León para que resulte lo menos gravosa para las arcas municipales.

Según se hace constar en los documentos presentados, la LRJCA determina que, si la Administración condenada estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal para que, oídas la partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa.

Menos gravosa.

A la vista de la normativa existente, PSOE, VOX y Ganemos piden a Intervención que se informe sobre la capacidad de endeudamiento que tiene el Consistorio, así como una evaluación del trastorno grave que pudiera suponer la ejecución de la sentencia en el caso de que no se produjera la rápida minoración de la deuda con la devolución por parte de la Diputación de 9 M€.

En cuanto a los informes de Secretaría, las tres formaciones políticas se interesan por la posibilidad legal de acordar el Ayuntamiento y la Diputación la ejecución de la sentencia en los términos que ambas administraciones consideren. En el caso de que este acuerdo pudiera producirse, se pregunta sobre la posibilidad real de que la Institución Provincial, en cuanto a administración pública, pueda condonar total o parcialmente la obligación
contenida en el fallo judicial.

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