UGT y el PSOE de Castilla y León han reclamado a la Junta que abra una negociación con los agentes sociales para decidir cómo se destinan los 340 millones de euros adicionales que, señala el sindicato, recibirá la Comunidad para reforzar la atención a la dependencia. La petición se centra especialmente en aumentar la presencia de residencias públicas y mejorar la atención a las personas mayores en los municipios pequeños y medianos.
El secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, y el secretario general del PSCyL y portavoz socialista en las Cortes, Carlos Martínez, trasladaron esta petición este jueves en Palencia, durante el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León, celebrado en La Roca.
Lobo recordó que el actual acuerdo de Diálogo Social sobre dependencia termina este año y consideró que la llegada de nuevos fondos puede servir para revisar el modelo de atención. El dirigente sindical pidió a la Junta que vuelva a sentarse con los agentes sociales para acordar las medidas que se aplicarán a partir de ahora. Es el momento de empezar a trabajar y de sentarnos para mejorarlo, para perfeccionarlo y para que realmente nuestro sistema tenga mayor presencia de residencias públicas, que es una de las cuestiones de las que adolece actualmente», afirmó.
Carlos Martínez coincidió en la necesidad de alcanzar un acuerdo para decidir el destino de esos fondos: «Esos más de 300 millones de euros para la dependencia tienen que incluir una participación y un acuerdo político de Comunidad para poder abordarlo con seriedad y que llegue a los territorios que más languidecen», sostuvo.
Asimismo, el dirigente socialista defendió que la financiación permita ampliar las plazas residenciales y desarrollar políticas de envejecimiento activo, especialmente en los pequeños y medianos municipios. «No tanto en las capitales de provincia, porque los ayuntamientos dan esa cobertura, pero sí en esos pequeños y medianos territorios que languidecen precisamente por la ausencia de unas políticas activas y por una cobertura social adecuada al siglo XXI», afirmó.
Desahucio de Mari Carmen
Durante el encuentro, la vivienda ocupó también parte de las intervenciones. Lobo puso como ejemplo el desahucio ejecutado este miércoles en Madrid a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en su vivienda del distrito de Retiro y que tuvo que abandonarla en camilla. El caso ha generado una amplia repercusión pública en las últimas horas.
El secretario autonómico de UGT señaló que Castilla y León tampoco es ajena a los problemas relacionados con la vivienda y reclamó medidas específicas para proteger a las personas mayores de 65 años que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. También pidió recuperar el Diálogo Social en materia de vivienda y abordar el aumento de los alquileres.
Martínez se refirió igualmente al caso de Maricarmen y lo vinculó con el debate sobre vivienda en Castilla y León. El líder del PSCyL reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sitúe esta cuestión entre las prioridades de la Comunidad y defendió una política pública de vivienda a medio y largo plazo en la que participen también ayuntamientos y diputaciones. «Es importante, imprescindible abordar esta cuestión que golpea el bolsillo de los trabajadores y que también puede dejar desprotegida, como hemos visto, a una parte importante de nuestros mayores», señaló.
El encuentro sirvió además para poner sobre la mesa el papel de los pensionistas en la economía de Castilla y León. Lobo cifró en casi 12.000 millones de euros anuales la aportación de las pensiones a la Comunidad y señaló que estos ingresos tienen un impacto directo en el comercio y en la actividad económica de los municipios.
