El partido político Vox ha anunciado este lunes que presentará mociones en todos los ayuntamientos en los que tenga representación para que los consistorios dicten un decreto por el que se proceda a la devolución de las multas de tramitación municipal que se impusieran por el incumplimiento de las normas tanto durante el primer estado de alarma como en la prórroga.
En una nota de prensa, el partido de Santiago Abascal se apoya en que ambos estados de alarma, el primero decretado el 14 de marzo de 2020 y el segundo en noviembre de ese año, han sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional en dos sentencias.
Nulas de pleno derecho
En la exposición de motivos que incluirá la moción, según reza la nota, se explica que de ambas sentencias, que vieron la luz después de que los de Abascal recurrieran los decretos del Gobierno, “se deprende que la mayoría de las multas impuestas durante el tiempo de confinamiento son nulas de pleno derecho”.
Añaden que esto conlleva que por parte de los consistorios se deba decretar su devolución “bien de oficio o a instancia del interesado con el fin de no lesionar derechos de los afectados y tampoco generar un enriquecimiento injusto a favor de los ayuntamientos”.
La moción de Vox insta también a que se investigue, por parte de Tesorería o Intervención, para determinar las personas afectadas y una vez determinadas se las informe personalmente, y se proceda de oficio a solicitarles una documentación concreta –copia de la multa, comprobante de pago y certificado de titularidad bancaria– para proceder a la devolución de las cantidades satisfechas por multa.
Equipo de trabajo
En octubre de 2021 el Gobierno creó un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según fuentes del Ministerio de Política Territorial.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, el Ejecutivo organizó esos equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.
Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno anunciaba que procedía a la devolución “de oficio” de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que tienen la competencia en esta materia transferida.
Más de un millón de multas
El primer estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró incostitucional esta medida.
El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma –desde el 14 de marzo al 21 de junio–, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma –desde 26 de octubre hasta mayo–, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.
