J.G.P. / ICAL
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 se encuentra en la fase final de elaboración, después de que ya se realizara la “primera carga” del documento, y expresó su confianza en que la Junta pueda cumplir los plazos previstos para su tramitación.
Carriedo explicó que el Gobierno autonómico tiene ya elaborado el proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y financieras que acompañará a las cuentas y que ha sido remitido al Consejo Económico y Social (CES). Según recordó, esta norma contempla una reducción de tributos con unos beneficios fiscales estimados en 900 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León.
“Estamos en este proceso final de cierre que siempre exige muchísimo trabajo y colaboración por parte de todas las consejerías”, afirmó el titular de Economía y Hacienda, quien consideró que el resultado será “un buen presupuesto para nuestra comunidad autónoma”.
Preguntado por si las cuentas estarán listas en plazo, Carriedo indicó que ese es el objetivo de la Junta, aunque subrayó que el propósito prioritario es disponer de unas cuentas que respondan a las necesidades de la Comunidad. “El plazo nos lo permite y ya tenemos avanzado gran parte de esa dirección. Nuestro objetivo lógicamente es cumplir los plazos, pero más importante incluso es tener un muy buen presupuesto que sirva los intereses de nuestra comunidad autónoma y que mejore los servicios públicos”, manifestó.
El consejero apuntó que el futuro presupuesto tendrá entre sus objetivos “mejorar la calidad de vida” de los ciudadanos, impulsar el compromiso con el sector agrario y favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.
En este sentido, vinculó las cuentas autonómicas con la capacidad de Castilla y León para atraer empresas y generar actividad económica, coincidiendo con su presencia en Grijota (Palencia), donde destacó la importancia de impulsar el entorno industrial de la zona.
Carriedo también defendió durante sus declaraciones la situación de los servicios públicos de Castilla y León y aludió a informes recientes sobre servicios sociales y educación. Así, señaló que un informe DEC sitúa a la Comunidad como la segunda de España con mejores servicios sociales y recordó también los resultados de Castilla y León en el informe PISA. A su juicio, estos resultados evidencian la necesidad de mantener el esfuerzo presupuestario para garantizar servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales, la educación y la dependencia, al tiempo que se impulsa una senda de crecimiento económico y creación de empleo.
