CyL recibe 38,38 millones para la creación de 3.765 plazas públicas de 0-3 años

El Gobierno ha autorizado este martes en Consejo de Ministros la propuesta de distribución territorial a las comunidades autónomas para impulsar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años). En total, se invertirán 666,59 millones de euros hasta 2024 para la creación de 65.382 plazas públicas, fundamentalmente plazas para niños de 1 y 2 años.

En el caso concreto de Castilla y León recibirá 38,38 millones de euros de los que 11,56 millones corresponden a la anualidad de 2021 y 19,06 a la cifra indicativa de 2022 mientras que se consignan 7,76 millones en 2023 para un total de 3.765 plazas a razón de 1.255 cada anualidad.

A nivel nacional, la cantidad aprobada para el ejercicio de 2021 asciende a 200,79 millones de euros en 2022 la cantidad prevista a distribuir es de 331,02 millones y en 2023 se completará el programa con otra inversión de 134,77 millones de euros. Esta inversión permitirá cada año la creación de 21.794 plazas, un total de 65.382 para 2024.

Según informa el Ministerio de Educación y FP, en el caso de Ceuta y Melilla se suscribirán sendos convenios con las ciudades autónomas para la construcción de escuelas infantiles, por un importe de más de 4 millones de euros, lo que hace que el programa aprobado este martes suponga un total de más de 670 millones de euros.

El plazo de ejecución del programa correspondiente al presupuesto del año 2021 será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022. El correspondiente al presupuesto del año 2022, está previsto que sea desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y el correspondiente al presupuesto del año 2023, está previsto que sea desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de septiembre del año 2024.

El Departamento que dirige Pilar Alegría defiende que la iniciativa vaya dirigida exclusivamente al ámbito público: “La disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de unos servicios de alta calidad en las áreas donde residen familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, población gitana o familias migrantes tienen una elevada repercusión en la promoción de la igualdad y la inclusión social, y contribuye a la igualdad de oportunidades de las niños de zonas rurales”.

Se trata así de “una medida fundamental” para el Gobierno, una medida que cree que será “muy bien recibida” para “cientos de miles de familias españolas”, según ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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