El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha resuelto el expediente sancionador abierto contra dos cazadores furtivos sorprendidos en 2023 tras abatir dos machos de corzo en el coto privado de Hornillos de Cerrato. Las sanciones e indemnizaciones impuestas ascienden a un total de 16.000 euros.
Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2023, cuando agentes del Seprona de Palencia, con la colaboración de efectivos del puesto de Quintana del Puente, interceptaron un vehículo en el que viajaban tres personas (dos vecinos de Toledo y una vecina de Sevilla) después de haber sido sorprendidos disparando contra un ejemplar macho de corzo.
Según explica Ecologistas en Acción, los ocupantes reconocieron ante los agentes haber abatido también otro corzo y admitieron no disponer de la autorización necesaria para cazar en el coto de Hornillos de Cerrato, donde estaban actuando de manera furtiva. En las primeras actuaciones les fueron decomisados dos rifles.
La resolución del expediente contempla una multa de 2.000 euros para uno de los cazadores denunciados, que reconoció los hechos y se acogió al pago voluntario, por la comisión de una infracción grave a la Ley de Caza de Castilla y León. El segundo cazador ha sido sancionado con 4.000 euros y la retirada de la licencia de caza durante un año por dos infracciones graves y una leve.
A ello se suma una indemnización de 10.000 euros a favor del titular cinegético del coto por el valor de los dos corzos abatidos.
Ecologistas en Acción, que solicitó personarse como parte interesada en el expediente sancionador, critica además la demora en la tramitación del caso. La organización asegura que tuvo que reiterar en varias ocasiones su petición e incluso presentar una queja ante el Comisionado de la Transparencia ante la falta de respuesta.
Según explica el colectivo, en mayo de 2025 comunicaron al Servicio Territorial de Medio Ambiente que el expediente todavía no había comenzado a tramitarse porque el caso seguía judicializado, pese a que el juzgado que instruía las diligencias lo había archivado en febrero de 2024. Finalmente, el expediente administrativo se inició en junio de 2025, la propuesta de resolución llegó en febrero de 2026 y la resolución definitiva se dictó el pasado mes de abril.
La organización ecologista considera “necesario” que el trabajo de los agentes medioambientales y del Seprona “sea respaldado desde los despachos” mediante una tramitación “eficaz y contundente” de las denuncias relacionadas con el furtivismo.
