Travesí / ICAL
Castilla y León cuenta con más de un millón de trabajadores, de los que 111.600 son extranjeros. Los foráneos suponen el 10,8 por ciento del total de los ocupados, que es la mayor cifra desde que existen datos. En la última década, se ha duplicado el número de extranjeros con un empleo en la Comunidad, ya que en 2016 eran 54.200 (5,8 por ciento del conjunto de ocupados) y ahora rondan los 112.000 (10,8 por ciento). Veinte años antes, eran 57.900. Pese a este incremento importante, la tasa de trabajadores procedentes de otros países en la Comunidad está por debajo del peso que significan a nivel nacional, donde llegan al 15,8 por ciento. Es decir, cinco puntos más, hasta sumar 3,5 millones.
La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, recoge que los 111.600 trabajadores extranjeros en Castilla y León solo fueron superados por los 113.700 contabilizados en el tercer trimestre de 2025. Un año antes, la cifra de ocupados foráneos era de 100.100, un 13,5 por ciento menos. Hubo que esperar al tercer trimestre de 2024 para superar la barrera de los 100.000. Eso sí, el porcentaje de ocupados foráneos alcanzó al inicio de este ejercicio la mayor tasa de la serie histórica.
El informe también permite extraer datos sobre el sexo de los ocupados extranjeros en la Comunidad. Hay más hombres (60.100) que mujeres (51.600). En cuanto a la procedencia, el 64,5 por ciento del total de trabajadores extranjeros es países de fuera de la Unión Europea y un 31,5 por ciento, de estados de la UE. A nivel autonómico, no es posible saber la edad pero en el país el 30 por ciento de los empleados foráneos tiene 34 años o menos, frente al 24 por ciento de los españoles.
La tasa de empleo, que mide la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años), se situó en el primer trimestre en el 59,1 por ciento entre los extranjeros de Castilla y León, casi doce puntos más que el índice de los españoles, que se quedó en el 47,6 por ciento. Incluso, la tasa de ocupados foráneos en la Comunidad es dos puntos y medio más que la existente entre el colectivo a nivel nacional.
La EPA es una una investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con periodicidad trimestral, para obtener datos del mercado de trabajo y las personas ajenas a él. De ahí que las cifras de afiliaciones facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones difieran de la EPA. Según el Ministerio, el número de afiliados extranjeros se situó en marzo en la Comunidad en 101.755, con un aumento interanual del 14 por ciento, con 11.160 trabajadores foráneos más. La encuesta del INE refleja, por tanto, 10.000 ocupados más en Castilla y León, que serían los irregulares que desempeñan algún empleo.
En pleno proceso de la regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles, que podría beneficiar entre medio millón y 800.000 personas en España, la EPA también permite concluir que los trabajadores extranjeros frenaron la caída del empleo en la Comunidad. La ocupación descendió en el primer trimestre de 2026 en 3.300 individuos, con una caída del 0,3 por ciento en comparación con un año antes. Una bajada que está marcada por la pérdida de trabajadores españoles, en concreto 14.800 en el último año, al pasar de 933.400 a 918.600.
Solo cuatro autonomías registraron descensos entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 como Cantabria (-0,8 por ciento), Asturias y Navarra (-1,1 por ciento, en cada caso) y Castilla y León, que contabilizó la mayor caída, con un 1,6 por ciento. A nivel nacional, los ocupados nacionales aumentaron un 2,1 por ciento.
Mientras se destruía empleo entre los españoles en la Comunidad aumentaba un 11,5 por ciento entre los ocupados foráneos, al pasar de los 100.100 a los 111.600 en el mismo periodo de tiempo. El volumen de trabajadores con nacionalidad extranjera creció, de forma generalizada en casi todas las comunidades, más que el de los ocupados españoles. Destacaron territorios como Galicia (23,8 por ciento frente al 0,9 por ciento), Extremadura (23,5 por ciento frente al 4,4 por ciento), Murcia (20,5 por ciento frente al 3,2 por ciento) y Aragón (16,3 por ciento frente al cero por ciento). Un hecho que demuestra que la población inmigrante es fundamental para sostener el mercado laboral.
