La presidenta de los populares en Palencia asegura que Castilla y León sale perjudicada ya que solo recibe 3,3% de los fondos cuando cuenta con el 5,7% del total de autónomos de España

«Llegan tarde, son escasas y se encuentran sometidas a multitud de trabas burocráticas», así califican los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Palencia  las ayudas a autónomos y empresas del Gobierno central.

Además, desde el partido indican que hace ya unos meses que solicitaron que estas ayudas se pusieran en marcha y con un importe superior al aprobado por el Gobierno porque tal y como indican de los «11.000 millones solo 5.000 se repartirán entre todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, excepto las Islas».

Califican estas ayudas como “muy inferiores a las de los países europeos de nuestro entorno, y tan solo una quinta parte de los 50.000 millones que pidieron desde el Partido Popular”. Estiman que, “para decenas de miles de empresas no serán suficientes y tendrán que desaparecer”.

En el reparto entre comunidades señalan que “tampoco tiene que ver con las empresas y autónomos a las que van dirigidas”, y por tanto la distribución se encuentra “ajustada a los intereses políticos del Gobierno”. La presidenta de los Populares palentinos, Ángeles Armisén, recalcó el abandono del Ejecutivo en todos los escenarios: “el Gobierno excluye de las ayudas a más de 90.000 empresas de la comunidad. Si rectifica e incluye a todos los sectores de actividad, con los escasos fondos asignados, sólo podrían atenderse a 3 de cada 10 autónomos de Castilla y León, y con la cuantía mínima”.

Critican además que “toda la gestión recae en las comunidades autónomas”. Los problemas, a juicio de los parlamentarios nacionales del Partido Popular, no acaban aquí puesto que “muchísimas empresas quedarán fuera”. Y todo ello debido a los exigentes requisitos, para empezar “de las 620 actividades, solo 95 recibirán ayudas, es decir el 15%”, pero solo “si en 2019 han tenido beneficios”, además de “tener que estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social” y “haber caído sus operaciones más de un 30%”.

MÁS TRÁMITES

Asimismo, entienden que “habrá más trámites burocráticos”, además de “tener que cumplir con una serie de requisitos a posteriori”. Y “para rematar, el Gobierno tardará más de un mes en redactar las instrucciones para las comunidades autónomas”. A partir de ahí “tendrán que decidir cómo y en qué forma lo implantan y solo tendrán hasta fin de año para concederlas”.

Las comunidades establecerán los límites máximos, que no pueden ser superiores a 3.000 euros para los que tributen en estimación objetiva, los llamados módulos. El resto tendrá un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000. En este sentido han apuntado que “para microempresas y pequeños autónomos, no va a cubrir quizá ni un mes de gastos”.

Para empresas de hasta una decena de empleados, el máximo a abonar será el 40% de la caída de las ventas, que supere a la caída inicial del 30%. Lo ejemplifican de este modo “si ha caído un 40%, será el 40% del 10% (40-30), o sea el 4% de las ventas de 2019, mientras que para una caída del 50%, el 40% del 20% (50-30), o sea el 8% de las ventas de 2019”. Para aquellas empresas que superen los diez empleados, la mitad, el 20% de la caída de las ventas que supere la caída inicial del 30%. Aunque las comunidades autónomas podrán variar estos baremos, apuntan que “si les ha tocado una parte pequeña del importe de las ayudas es posible que tengan que reducirlos”.

Por último han señalado que “además, se destinan 3.000 millones a reestructuraciones de deuda financiera avalada por el Estado” y “otros mil a recapitalizar empresas a través de COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo”. Sin embargo, estiman que “viendo la gestión que se está haciendo de los 10.000 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas que gestiona la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con ayudas tan cuestionadas como la de Plus Ultra, tenemos serias dudas de los resultados de líneas cuya concesión sea discrecional”. Y han concluido diciendo que “por el caso de Plus Ultra hemos pedido una Comisión de Investigación en el Congreso”.

 

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