El portavoz, vicepresidente y Consejero de Transparencia defiende el nuevo marco legal como «una herramienta esencial contra la corrupción y las malas prácticas»

Acude a la Diputación y Ayuntamiento de Palencia para explicar cómo implantarlo y cómo desarrollarlo desde sendas páginas web

La nueva Ley de Transparencia, que el gobierno autonómico presentará ante las Cortes de Castilla y León próximamente, se perfila como «una herramienta esencial contra la corrupción y las malas prácticas». Así se lo ha presentado en la mañana de este lunes el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, al Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial, en aras de «ayudar en su desarrollo y el desarrollo de las páginas web».

Una norma que, según ha destacado Igea, tiene «gran importancia para nuestra Comunidad y para el buen funcionamiento de un gobierno democrático y limpio».

«Siempre decimos que el mejor desinfectante es la luz del sol: que los ciudadanos sepan cómo funciona su administración, puedan acceder a toda la información y puedan juzgar con objetividad el funcionamiento de la Administración», destacó el también consejero de Transparencia, para añadir que «desde nuestra llegada a la Consejería, las peticiones de acceso a la información se han multiplicado por cuatro, lo que quiere decir que algo ha cambiado».

El objetivo es que «este cambio llegue a todos los municipios y diputaciones, a toda la Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma, y por eso estamos elaborando esta nueva Ley de Transparencia que esperamos pronto vea la luz». Además, Igea ha detallado que «no se crea con ánimo inquisitorial, sino con el ánimo de mejorar las cosas, porque cuando una Administración es transparente, se ve obligada a hacer las cosas bien, a responder a muchas preguntas, y eso es lo que hace que los resultados de esa administración mejoren».

La Ley, cuya tramitación se encuentra en las fases finales, obligará a someterse a la «publicidad activa» a la Administración Regional, administraciones provinciales y todas las entidades locales, así como a las universidades públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, empresas públicas o fundaciones, entre otros organismos.

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